Bolivia y el Mar - Parte 2-5

 Bolivia y el Mar. Parte II: Guerra contra España

En 1864, España decide ocuparlas islas guaneras peruanas de Chincha, cercanas al Callao, como medida de presión por una deuda monetaria que tenía Perú con España, unida a un cuadro de inestabilidad política en el vecino país. Ante dichos acontecimientos, el zarpe de la expedición española al Pacífico, el arribo de esa escuadra a la costa peruana y el temor de que España abrigara proyectos de reivindicación colonialista en nuestro continente, hizo que el gobierno de Chile decidiera salir en defensa del Perú, lo que produce la unión de tres gobiernos de Sudamérica que declararon la guerra a España, ellos fueron Chile, Perú y Bolivia. Error que tuvimos que lamentar poco después.

En aras de un espíritu de americanismo, Chile derramó la sangre de su gente e invirtió grandes sumas de dinero en 1822, para crear una marina de guerra, capaz de operar más allá de nuestras fronteras, formar un ejército expedicionario y dar finalmente la libertad al Perú; entre 1838 y 1839, nuestra Patria vuelve a desenvainar su espada y desplegar a su pueblo en armas; soldados y marinos van nuevamente a la guerra para liberar Perú del General SANTA CRUZ, y después en 1865, enfrentó una onerosa guerra por ayudar nuevamente al Perú, cuando pudo haber mantenido la neutralidad y más aún beneficiarse de ella. Nuestra costa fue bloqueada por la flota española, fue bombardeado y quemado Valparaíso, nuestro primer puerto, y después de inmensos desembolsos, el Perú se negó a pagar la parte que le correspondía en los gastos de la campaña.

Es al término de ese conflicto con España, como fruto del calor de un inmenso americanismo, que normalmente ha sido producto de la euforia temporal de un momento histórico, que se produjo en 1874 la firma con Bolivia de un Tratado entre “países amigos” que puso término a nuestras diferencias sobre límites, tratado que posteriormente, sólo cuatro años después, Bolivia no cumplió y dio origen a la guerra del Pacífico.

El Tratado de 1874 fue firmado en Sucre el 6 de agosto de ese año por Don Mariano BAPTISTA, Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia y Don Carlos WALKER, Ministro Plenipotenciario de Chile, estableciendo como límite entre Bolivia y Chile el paralelo 24 de latitud Sur, desde el mar hasta la Cordillera de los Andes en el “divortiaaquarum”(divisoria de las aguas o línea que determina las vertientes para fijar los límites entre Estados), a la vez que señalaba que se considerarían firmes y subsistentes las líneas de los paralelos 23 y 24 fijados por la Comisión Pericial de Límites. Así, se puso término al condominio que tantos inconvenientes había creado y mediante los cuales Chile había ido cediendo, innecesariamente en favor de Bolivia, los derechos que soberanamente tenía como herencia de España. Este Tratado de 1874 tenía cláusulas muy precisas mediante las que Chile estaba entregando parte de su territorio soberano. En materia de derechos de exportación sobre los minerales situados entre los paralelos 23 y 24 de latitud meridional, se estableció que no podrían exceder de la cuota que a esa fecha se cobraba y no podría imponerse nuevas contribuciones, de cualquier clase, sino dentro de 25 años a las personas, industrias y capitales chilenos en la zona referida.

En este punto, cabe hacer presente que, mientras se desarrollaba las negociaciones diplomáticas en que Chile estaba cediendo soberanía a Bolivia, el 6 de febrero de 1873 se había firmado en Lima, un Tratado secreto de carácter ofensivo y defensivo entre Bolivia y el Perú. Los gobernantes bolivianos, interrogados sobre la existencia de ese pacto por los plenipotenciarios chilenos, negaron enfáticamente tal hecho, demostrándose así la hipocresía sobre la que fundamentó las negociaciones el gobierno de Bolivia.

El gobierno de Bolivia bajo la presidencia de Don Mariano MELGAREJO había concedido a Don José SANTOS OSSA, ciudadano chileno, “el derecho exclusivo para explotar y exportar ilimitadamente todas las salitreras descubiertas o por descubrirse en el territorio del departamento del Litoral”; lo autorizó, además, para “implantar en él las líneas férreas que tuviese por conveniente”. Derrocado el presidente MELGAREJO, el nuevo gobierno de Bolivia declaró nula esa concesión; entonces, la sucesión de José SANTOS OSSA, que era la Casa Melbourne, Clark y Cía., formada por capitales chilenos y norteamericanos, envió a Don Belisario PERÓ como agente, quien terminó su cometido con la Transacción de 27 de noviembre de 1873, firmada por el presidente de Bolivia Don Adolfo BALLIVIÁN. Esta concedía a la empresa chilena 50 estacas de salitre por el término de 15 años contra el pago de 2 mil pesos bolivianos anuales de patente, autorizándola para construir un ferrocarril particular; la eximía, además, de toda clase de impuestos.

El Tratado de Límites de 1874 establecía en su artículo 4°: “Los derechos de exportación que se impongan sobre los minerales explotados en la zona de terreno de que hablan los artículos precedentes no excederán la cuota que actualmente se cobra y las personas, industrias y capitales chilenos no quedarán sujetos a más contribuciones, de cualquier clase que sean, que a las que al presente existen. La estipulación contenida en este artículo durará por el término de veinticinco años”.

Bolivia y el Mar - Parte 2-4Pese a tan claro texto, la Asamblea Legislativa boliviana de 1878, aprobó, el 14 de febrero de ese año, una ley que en su artículo único establecía: “Se aprueba la transacción celebrada por el Ejecutivo en 27 de noviembre de 1873, con el apoderado de la Compañía Anónima y de Ferrocarril de Antofagasta, a condición de hacer efectivo, como mínimum, un impuesto de diez centavos en quintal de salitre exportado”. Esta actitud es absolutamente contraria al derecho y viola claramente lo estipulado en el Tratado Internacional vigente. La explicación sólo se podría encontrar quizás en la naturaleza misma de los órganos legislativos de Bolivia y en la gestación de sus gobiernos que hacía anular cada acto del Gobierno anterior por el posterior. El gobierno de Chile, bajo la presidencia de Don Aníbal PINTO Garmendia, y ante la evidente grave infracción del recientemente firmado Tratado de 1874, instruyó a nuestro representante en Bolivia, Don Pedro NOLASCO Videla, para que iniciara gestiones con ese gobierno, tendientes a lograr la suspensión indefinida de la ley impugnada, tras la cual se veía probable el término de la concesión. Luego ante la decisión del gobierno chileno de tratar esta materia por escrito, el representante chileno presentó

al Gobierno de Bolivia nota diplomática del 2 de julio de 1878, que no consiguió respuesta boliviana, lo que originó una enérgica nota diplomática chilena en la que se demandaba: “…la suspensión definitiva de toda contribución posterior a la vigencia del Tratado.

La negativa del gobierno de Bolivia a una exigencia tan justa como demostrada, colocará al mío en el caso de declarar nulo el Tratado de Límites que nos liga con ese país y las consecuencias de esta declaración dolorosa, pero absolutamente justificada y necesaria, serían de la exclusiva responsabilidad de la parte que hubiere dejado de dar cumplimiento a lo pactado”. Aníbal PINTO Garmendia, Presidente de Chile.

El gobierno de Bolivia bajo la presidencia del General Hilarión DAZA respondió el 13 de diciembre de 1878, negándose a suspender la ley en cuestión argumentando que la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta era una sociedad anónima, no considerándose chilena ni representativa de capitales chilenos. Finalmente, el gobierno de Bolivia juzgaba que razones de justicia y de decoro nacional le imponían la obligación de no acceder a la suspensión solicitada por el gobierno de Chile. Cuatro días después de esta nota diplomática, el 17 de diciembre de 1878, ordenó al Prefecto de Cobija llevar a efecto el cobro de la contribución que se había hecho exigible desde el día 14 de febrero hasta esa fecha y de no cumplirse el pago proceder al remate de esas propiedades.