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A MODO DE INVITACIÓN

Es legítimo que quien no vivió los lejanos años de la Unidad Popular, o que, por entonces apenas daba sus primeros pasos, se formule esta pregunta. Más aún, es bueno que se la haga y, a fin de formarse un juicio verdadero e independiente, libre de la palabrería con que se ha pretendido nublar el juicio y la memoria de los chilenos, tal como, por aquellos años, se intentó –y con éxito– atontar a la opinión universal. La verdad nos hace libres. Quienes adhieren a la mentira, propia o ajena, se esclavizan al error, engañando o engañándose.

 Tampoco es legítimo hacerse el desentendido, diciéndose que se trata de sucesos del pasado, que ya nada tienen que ver con el Chile de hoy; que los jóvenes están en otra cosa, etc. Es una actitud nociva, pues los pueblos que olvidan su historia, inevitablemente están condenados a caer en los mismos errores que antaño los pusieron en los mayores aprietos. Y los jóvenes no serán jóvenes para siempre. Tarde o temprano tendrán que asumir la conducción de la sociedad a la que pertenecen y nunca podrán hacerlo bien, si carecen de la formación y la información que el gobierno de un país demanda.

Es necesario, pues, conocer la verdad, no los cantos de sirena con que se les pretende adormecer hoy, no la mentira sistemática con que se ha procurado envenenar las almas de los que no vivieron los dramáticos mil días de la Unidad Popular.

UNA FUNDAMENTACIÓN

Mucho se habla, en nuestros días, de derechos, pero, lamentablemente, se nos habla casi exclusivamente de derechos virtuales y sólo en contadas ocasiones, se nos habla de derechos reales.

Se nos dice, por ejemplo, que tenemos derecho a la educación, que ésta debe ser gratuita, de calidad, etc., sin embargo, nunca se nos dice a qué llaman realmente educación. No sabemos – aunque podemos intuirlo – si se trata de formar ciudadanos íntegros, capaces de forjarse un futuro de trabajo y prosperidad o de engendrar autómatas, para sumergirse en el proceso productivo, generando grandes utilidades al menor costo, cualquiera que este sea y, de paso, con la cabeza llena de ilusiones que rara vez, si es que alguna, tienen asidero real.

Se nos dice que tenemos el sacrosanto derecho a elegir a nuestras autoridades, mediante el voto, mientras se nos oculta que sí hay un derecho sacrosanto: el de ser bien gobernados. Es cierto que un gobierno a todas luces malo, tiene pocas probabilidades de ser reelegido, pero sabemos muy bien que, en los procesos electorales, no se apela a la racionalidad del electorado, sino a la emocionalidad, que la información relevante, se oculta y si es que aflora a la luz pública, se deforma. El pueblo no elige a los candidatos, pues ellos le son impuestos por grupos que operan a puertas cerradas.

Se nos dice que una elección debe ser informada, lo que es cierto, sin embargo, los medios de comunicación, a través de los cuales nos podemos informar, están en manos de los mismos que gobiernan, de manera que sólo se nos dice lo que se nos quiere decir…

Volvamos al legítimo y principal derecho: el de ser bien gobernados. ¿Fuimos bien gobernados, durante el gobierno de la Unidad Popular? Los antecedentes, obtenidos de fuentes fidedignas, señalan un rotundo ¡No!, por respuesta. Veamos las pruebas.

UNA BREVE HISTORIA

En las elecciones presidenciales de 1970, ninguno de los candidatos más votados, obtuvo mayoría absoluta. En esta instancia, la Constitución disponía que fuese el Congreso Pleno (es decir, ambas cámaras), eligieran al futuro presidente, entre las dos primeras mayorías. Para que el Congreso Pleno diese su voto al candidato Salvador Allende – primera mayoría en las elecciones -, abanderado de un conglomerado de partidos casi exclusivamente inspirados en la doctrina marxista-leninista, el partido mayoritario en el Congreso, la Democracia Cristiana, exigió que Allende firmara un solemne compromiso (estatuto de garantías constitucionales) de preservar la institucionalidad vigente por entonces. Dichas garantías se incorporaron a la Constitución Política. Allende, obviamente viendo que era eso o nada, firmó. Pero, más tarde, confidenciaría a Regis Debray, un revolucionario francés, que ello sólo respondía a una “necesidad táctica”, una necesidad del momento y nada más. Nunca hubo, en Allende y sus partidarios, la menor intención de respetar la “institucionalidad burguesa”, nombre con que se referían al régimen político existente en Chile, en esa época. ¿Puede calificarse de buen gobierno el que, desde un comienzo sólo procura la destrucción del orden establecido, aún si este orden demandara urgentes y profundas reformas? No vamos a negar que el sistema político chileno adolecía de serias deficiencias, ¿qué sistema no las tiene? Pero, de allí a intentar la destrucción de todo, hay un abismo.

En un famoso discurso, que no dejó dudas en nadie, Allende agregaría que él no era el presidente de todos los chilenos, sino sólo de sus partidarios y los hechos posteriores no hicieron más que corroborar sus dichos. ¿Puede calificarse de buen gobierno el que se ejerce sólo para beneficio de unos pocos, en desmedro de los más? En cualquier parte del mundo, un gobierno así es evidentemente tiránico, abusivo, intolerable. El bien común lo es, no por favorecer a unos pocos (o muchos), sino por pertenecer, por igual, a todos.

Tan cierto resultó lo dicho por el presidente que, de los 98 homicidios cometidos a causa de actividades políticas, usurpaciones de predios agrícolas o instalaciones industriales, emprendidas por miembros de las organizaciones más o menos vinculadas a los partidos de gobierno, o motivados por rencillas entre ellos mismos, nunca, ninguno de los autores fue llevado ante los tribunales de justicia, pues era el propio gobierno quien, o negaba los medios necesarios para las investigaciones pertinentes u obstruía deliberadamente la acción de los tribunales. En un caso extremo, el asesinato de don Edmundo Pérez Zujovic (junio de 1971), los asesinos fueron exterminados por las fuerzas de seguridad de los partidos de gobierno, lo que impidió que, al menos la opinión pública, se enterara de la identidad de los autores intelectuales, que claramente no pertenecían a las filas de la oposición. Muchos de los asesinados, cayeron víctimas de asaltantes que actuaban a fin de “devolver al pueblo, los bienes de producción”, eufemismo para describir la naturaleza rapaz del gobierno de turno. Murieron defendiendo lo suyo, lo levantado a costa de desvelos y sacrificios de toda una vida o de generaciones de emprendedores.

Los grupos organizados para llevar a cabo estos despojos, estaban adecuadamente provistos del armamento necesario, armamento que en ningún caso correspondía emplear, salvo por las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad. El origen de tan grandes cantidades de armas, es ahora, de sobra conocido: internaciones ilegales e ilegítimas de armas, provenientes de la Unión Soviética o de sus estados vasallos: Cuba, Checoslovaquia, Norcorea, Alemania Oriental, etc. A la fecha de hoy, probablemente la mayor parte de este material permanece oculto, a la espera de una nueva oportunidad, para ser empleado en contra de nosotros, los chilenos. A estos medios, deben agregarse los internados en los años ochenta. Así lo ha reconocido el actual jerarca del Partido  Comunista, para que nadie se llame a engaño.

11 Sep - 4A tal punto llegó el desprecio de Allende por la “institucionalidad burguesa” que se llegó a una situación en que los responsables de impartir justicia, los tribunales, sintieron su deber exponer sus legítimas aprehensiones, al propio mandatario, mediante dos documentos:

Santiago, 26 de mayo de 1973.

Al Excmo.

Señor Presidente de la República,

Don Salvador Allende G.

PRESENTE:

Esta Corte Suprema, por resolución unánime adoptada en el día de ayer, acordó dirigirse a V.E. en los términos que transcribo a continuación:

“El Segundo Juzgado del Crimen de Rancagua ha comunicado que en  el proceso por usurpación N° 11.202 se dio orden a  los Carabineros de Machalí para el desalojo de la propiedad usurpada, pero que no se dio cumplimiento a dicha orden, según informa el 17 del actual el Prefecto de Carabineros de Rancagua, don Manuel Blanco Castillo, por haber dispuesto el Intendente de la Provincia de O’Higgins, según oficio s/n  de 27 de febrero de 1973 “la suspensión del desalojo en referencia por estimar que se  trata de una situación conflictiva que incide  precisamente en los deberes que señala el Art. 45 de la Ley de Régimen Interior”.

Esta Corte Suprema debe representar a V. E., por enésima vez la actitud ilegal de la autoridad administrativa en la ilícita intromisión en asuntos judiciales, así como la obstrucción de Carabineros en el cumplimiento de órdenes emanadas de un Juzgado del Crimen, que de acuerdo con la ley, deben ser ejecutadas por dicho cuerpo sin obstáculo alguno; todo lo cual significa una abierta pertinacia en rebelarse contra las resoluciones judiciales, despreciando la alteración que tales actitudes u omisiones producen en el orden jurídico; lo que— además —significa, no ya una crisis del estado de derecho, como se le representó a S. E. En  el oficio anterior, sino una perentoria o inminente quiebra de la juridicidad del país.

“Hacemos presente a V. E. que con esta fecha, como en ocasiones recientes, se ha requerido a la Justicia Militar para que instruya el proceso correspondiente.

“Para constancia, se extiende la presente acta que firman el señor Presidente, los señores Ministros y el Secretario que autoriza.

“(Fdo.): Enrique Urrutia M., Eduardo Varas V., José M. Eyzaguirre E., M. Eduardo Ortiz, I. Bórquez M., R. Retamal L.,  Luis Maldonado, Juan Pomés, O. Ramírez  M., A. Silva Henríquez,V., Manuel Rivas del Canto, Enrique Correa L., J. Arancibia S., R. Pica Urrutia”.

Dios Guarde a V. E.

Enrique Urrutia Manzano, Presidente.

René Pica Urrutia, Secretario.

Sólo un mes después y mediando una intensa campaña de difamación en contra de los miembros del Poder Judicial, orquestada desde las más altas esferas gubernamentales, la Corte Suprema nuevamente se vio en la obligación de dirigirse al Presidente, ya no por una violación deliberada y aislada de los deberes de la autoridad administrativa frente a las resoluciones de la autoridad judicial, sino a una conducta sostenida, reiterada y sistemática, por parte del Ejecutivo, de obstrucción indebida a los dictámenes de los tribunales, con grave deterioro del llamado “estado de derecho”. De la lectura del texto, es fácil notar que los jueces escriben en respuesta a una comunicación del gobierno, respuesta que, de ninguna satisfizo sus legítimas demandas, para que el gobierno de la época se ciñera al orden jurídico chileno:

EXCMO. SEÑOR:

Este Tribunal quiere enterar a V. E. de que ha entendido su oficio como un intento de someter el libre criterio del Poder Judicial a las necesidades políticas del Gobierno, mediante la búsqueda de interpretaciones forzadas para los preceptos de la Constitución, y de las leyes. Mientras el Poder Judicial no sea borrado como tal  de la Carta Política jamás será abrogada su independencia.

Quiere también esta Corte expresar con entereza a V. E. que el poder que ella preside merece de los otros Poderes del Estado, por deber constitucional, el respeto  de que disfruta y lo merece, además, por su honradez, ponderación, sentido humano y eficiencia y que ninguna apreciación  insidiosa de algún parlamentario innombrable o de sucios periodistas logrará perturbar sobre este particular asunto el criterio de los chilenos.

CONSIDERACIONES SOBRE UN ERROR

El Presidente de la República, sin advertirlo o inducido a ello, cometió un error  al tomar partido en la sistemática tarea  nunca lograda — que algunos sectores del  país han desatado en contra de esta  Corte—. Lo lamenta este Tribunal hondamente, y lo dice porque si S.E. ha invadido en su comunicación un campo jurídico que constitucionalmente le está vedado,  este Tribunal puede, a su vez, para restablecer el equilibrio así perturbado, insinuarse en las costumbres administrativas aunque no sea más que para significarle a V. E. la importancia y las consecuencias  de su error. La equivocación consistió en cambiar el pedestal del Poder Supremo en que la ciudadanía y, por consiguiente, esta Corte lo tenían colocado, por la precaria posición militante contra el órgano jurisdiccional superior del país que por imperativo del deber tiene que contrariar a veces en  sus fallos los deseos más fervientes del Poder Ejecutivo.

Error es el expresado de trascendental gravedad porque el Jefe Supremo de la Nación estaba siendo considerado por el ciudadano común y por esta Corte como guardián de la legalidad administrativa del país contra los excesos de algunos subordinados, y es por eso lamentable que se constituya ahora en censor del Poder Judicial tomando partido al lado de aquéllos a quienes antes daba sus órdenes de cumplir la ley. Los Ministros suscritos experimentamos sorpresa por el cambio y actitud de V. E. porque entendemos que deprime su función constitucional.

Hasta aquí esta Corte había dirigido al Jefe Supremo de la Nación parcas comunicaciones, destinadas a lograr por su intermedio la cesación de la resistencia de algunos funcionarios administrativos al cumplimiento de las resoluciones judiciales, y en varios casos lo había obtenido. Desde ahora en adelante no podrá ya hacerlo porque las atribuciones del Poder Judicial están siendo desconocidas por V. E., cohonestando así la rebeldía de la administración.

La prescindencia del Jefe Supremo de la Nación significaba una garantía, siquiera fuese relativa y aparente, del  funcionamiento correcto de la institucionalidad judicial;  pero la garantía se ha desvanecido ahora cuando el Presidente acogió las erróneas insinuaciones de sus presuntos colaboradores y asumió plena militancia partidaria en la ofensiva desencadenada contra un poder que, sin desvirtuar su oficio, no  puede someterse a las exigencias o deseos de cualquier otro de los Poderes del Estado.

S. E. INTÉRPRETE DE LA LEY

El Presidente ha asumido la tarea —difícil y penosa para quien conoce el Derecho sólo por terceristas—de fijar a esta Corte  Suprema las pautas de la interpretación de la ley, misión que en los asuntos que le son encomendados compete exclusivamente al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo, según lo mandan los artículos 8º y 4º  de la Constitución Política del Estado, no derogados todavía por las prácticas administrativas.

CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

Trata esta materia el oficio de S. E. en el párrafo denominado “cómo debe cumplir la autoridad administrativa el  requerimiento de la fuerza pública”.

Relacionando lo que se denomina en el oficio de V. E. “Juicios de mérito u oportunidad para la prestación de la fuerza pública” con la aludida circular se puede concluir que, según parecer de V. E., es el Gobierno, porque sólo sus esferas poseen la información necesaria, quien debe  resolver si el cumplimiento de una orden  judicial ha de dilatarse o no por un cierto lapso para asegurar la protección debida a los intereses individuales y sociales comprometidos. Esto equivale,escribiendo en buen romance, a dejar supeditado al arbitrio político la eficacia de las resoluciones judiciales. Fuera de que para el perjudicado con una decisión semejante, el ejercicio de sus derechos, ya reconocidos por  los Tribunales, queda entregado a  una nueva instancia desprovista de base legal y constitucional.

Finalmente, en relación con la materia de que se está tratando, es importante destacar ante V. E., ya que no lo hicieron sus  asesores, que el oficio respuesta dirigido a este Tribunal contiene una confusión entre  los asuntos civiles y los problemas criminales en lo relativo al empleo de la fuerza pública. No sólo el cumplimiento de las  sentencias dictadas en aquellos asuntos ha sido objeto de dilaciones indefinidas.  También las órdenes de la justicia del crimen  que directamente se imparten a la fuerza  pública han venido siendo resistidas por  la autoridad policial en virtud de órdenes  de los Intendentes y Gobernadores, dependientes, como es sabido, del Ministerio del  Interior e incondicionales cumplidores de  las circulares de éste. Sólo a estas últimas,  es decir, a las órdenes impartidas en los  asuntos criminales, han hecho referencia los oficios que esta Corte remitió a V.  E. sucesivamente en fechas recientes.

RESPUESTA AL “MAL USO DEL PROCESO PENAL”

Un acápite del oficio que dirigió V. E. a esta Corte se llama: “mal uso del proceso penal”. Después del primer párrafo del acápite, en que se advierte la pluma de algún sedicente especialista en derecho penal, dice el oficio textualmente: “resulta inadmisible que los procedimientos propios del Derecho Penal sean empleados para dirimir conflictos jurídicos de compleja y controvertible dilucidación”. Error inadmisible, porque todos los conflictos penales son de controvertible dilucidación y por eso es  que se llaman conflictos.

Nunca puede la administración decidir ella misma si el Tribunal de Justicia que conoce de un asunto tiene o no competencia. Y ha pretendido hacerlo, sin embargo, en varias ocasiones.

Algunos casos especiales tratados en el comunicado de S. E.

El Diario “La Mañana” de Talca. Uno de los casos importantes en que a V. E. le cupo intervención directa fue el del Diario “La Mañana” de Talca. Según trascendió en las esferas de la administración y la justicia, V. E. Dio orden a la fuerza pública  de desalojar a los ocupantes que allí estaban por obra de un decreto de reanudación de faenas relativo, se dijo, a la administración  del Diario y no a la facultad del propietario para emitir sus opiniones libremente por la prensa.

V. E. hizo la historia en el caso de que se trata, pero, al escribirla, la olvidó, y así es como en su oficio dice textualmente que “estas personas —se refiere al interventor y demás ocupantes—decidieron con espíritu patriótico acatar la orden improcedente del Tribunal para no suscitar  un conflicto de jurisdicción entre poderes  del Estado que inevitablemente daña la  normalidad de nuestra vida institucional”.

Aunque el asunto no fue así, |a versión de S. E. podría conducir a la conclusión de que si hay espíritu patriótico cuando se obedecen las órdenes improcedentes de los Tribunales de Justicia, lo habría mucho más cuando se presta acatamiento a las que son claramente procedentes. ¿O sólo es patriota el que obedece a la Justicia que yerra y no el que se somete a la Justicia que acierta?

Pero no es posible terminar este párrafo sin agradecer a V. E. su comprensión de que “un conflicto de jurisdicción entre poderes del Estado inevitablemente daña la  normalidad de la vida institucional”.

Es lo mismo que los Ministros de esta Corte le hemos dicho reiteradamente a V.E. de una manera implícita en los oficios que le hemos dirigido.

Y si está de acuerdo el Presidente de la República con la Corte Suprema debe ordenar perentoriamente a la Administración  que no provoque por su desacatamiento de las resoluciones de la Justicia conflictos jurisdiccionales.

Fensa, Cristalerías Chile, SOPROLE, Metalúrgica Cerrillos, CHOLGUAN, etc.

Aunque el comentario de la nota precede a la enunciación de esos casos, es evidente que se refiere a ellos. Se dice que “algunos magistrados, llevados de una solicitud y entusiasmo inusuales en la interpretación del precepto del artículo 7º del Código de Procedimiento Penal, han logrado extraer de él un sentido y alcance tan desmesurado que ya no tan sólo se veda a los interventores la realización de actos  jurídicos, como girar en cuenta corriente, comprar, vender, u otros semejantes, sino  que se les prohíbe su acceso físico al local  de la industria en que deben desempeñarse”.

Primero hay que responder que la “solicitud y entusiasmo inusuales” de parte de los jueces, corren a parejas con similares cualidades de la administración para  hacer las requisiciones, o de los interventores para girar contra las cuentas corrientes y vender. Y si los casos son muchos,  nada tendría de extraño que el “entusiasmo” de los jueces fuese cuantitativamente superior a lo normal, porque si no lo fuera se retardarían las resoluciones pertinentes. Pero si al “entusiasmo” cualitativo  se refiere el oficio de S. E., tendría explicación adecuada en la necesidad de los  jueces de satisfacer en justicia las peticiones de los querellantes destinadas a atajar  el excesivo uso en que se fundan de los  llamados resquicios legales y en la  liberalidad excesiva  que alegan de los interventores  para sus inversiones financieras en las  empresas intervenidas.

Los querellantes piden con urgencia, invocando nuevos conceptos jurídicos para  contrarrestar otros, nuevos también de la administración, y el juez toma la onda de  la fase jurídica nueva con justiciero entusiasmo intelectual y funcional.

El  influjo en la conciencia pública de los insultos, escarnecimientos y vilipendios de las autoridades es nefasto. Pero tiene esta Corte la obligación de advertir a V. E. que la intervención del Poder Judicial tiene carácter represivo y que el papel preventivo le correspondería precisamente a V. E. en lo relativo a los medios de difusión que de algún modo dependen del Gobierno.

No se ha advertido hasta hoy que V. E. esté usando su autoridad e influencia de gobernante donde podría y debería hacerlo para poner atajo a los desmanes publicitarios.

LOS VALORES DE LA JUSTICIA

Tiene explicación —dice— la toma de un fundo; pero carece de explicación la retoma. La primera obedecería a anhelos de justicia social y la segunda no tendría explicación, aunque se trate de recuperar lo que ha sido antes usurpado por los tomadores.

“Se daña —continúa el oficio a que se responde— el régimen institucional y la pacífica y regular convivencia de las diversas jerarquías y autoridades”. Y parece que el daño resultaría del anhelo de los propietarios por recuperar el predio tomado, de lo cual resultaría que no sería la toma sino la recuperación, el fenómeno que produciría el daño que se menciona al régimen institucional.

¿Pretende el oficio de V. E. que los Tribunales de Justicia olviden la ley, prescindan de todos los principios y en nombre de una justicia social sin ley, arbitraria, acomodaticia y hasta delictuosa en su caso amparen incondicionalmente a los tomadores y repudien de la misma manera a los  que pretenden la recuperación de los predios tomados? Pero éstos piensan que la Constitución y la ley les reconocen el derecho a la recuperación de lo que estiman suyo y actúan con arreglo a tal convicción.

Algunos proyectos remitidos por el Ejecutivo al Parlamento en que se tratan asuntos relacionados con  la organización de la justicia no han sido previamente, como fue  costumbre en anteriores administraciones, consultados a esta Corte para el efecto de  que emita su opinión sobre los particulares  pertinentes. Esto demuestra que pareciera que al Poder Ejecutivo no le interesa la cooperación  de este poder del Estado.

Inclusive un proyecto de ley aprobado por el Parlamento en que se concedía a los miembros del Poder Judicial la posibilidad de defenderse de los ataques que tan profusamente se les dirigen, sin anuencia del  Ministerio de Justicia y sólo con la del  presidente de este tribunal, fue vetado por  V. E. y no pudo convertirse en norma obligatoria.

La transcripción de este extenso documento resulta fundamental para entender que el quiebre del estado de derecho era patente, siendo también evidente que dicho quiebre estaba orquestado desde la propia Presidencia de la República. ¿Puede ser bueno un gobierno que no sólo ignora, sino que atropella sistemáticamente los derechos de quienes, en razón de su cargo u oficio, tienen el deber de resguardar el cumplimiento de las leyes?

De estas y otras comunicaciones que se hizo llegar al presidente, se puede deducir, con facilidad, que la conducta ilegítima del gobierno fue en varias oportunidades representada a la máxima autoridad gubernamental, pese a lo cual, es evidente que dicha autoridad no sólo ignoró las legítimas quejas de quienes tenían el deber de exponerlas, sino que insistió en las prácticas ilícitas, haciendo del medio regular de demandar del gobierno – una conducta ceñida a la Constitución y las leyes – un medio inútil. Citaremos, a continuación, el texto que elaboró, acerca del quiebre institucional, la Cámara de Diputados, mencionando previamente, la Declaración Conjunta del Presidente del Senado, don Eduardo Frei Montalva y del Presidente de la Cámara de Diputados, don Luis Pareto, del 8 de julio de 1873. Ambos eran miembros del Partido Demócrata Cristiano.

Mencionamos este documento, por señalar con precisión, los más graves males a que el país era conducido por el gobierno y que resumimos: desquiciamiento del sistema económico y productivo, agudo desabastecimiento de bienes esenciales, como alimentos, vestuario, calzado, etc.; inflación galopante (que a fines de 1973 superaba con creces el 300%. Hoy nos escandalizaríamos con una inflación del 10%); quebrantamiento del orden institucional, en particular por el atropello de la función judicial y de las atribuciones fiscalizadoras y legislativas que competían al Poder Legislativo; los evidentes preparativos para una guerra civil, con la abundante internación de material bélico (lo que ya mencionamos). El texto se puede calificar, con justicia, de preciso retrato del gobierno de la Unidad Popular.

Pero vamos al Acuerdo adoptado por la Honorable Cámara de Diputados, el 22 de agosto de 1973:

“Considerando:

“1º: Que es condición esencial para la existencia de un Estado de Derecho, que los’ Poderes Públicos, con pleno respeto al

principio de independencia recíproca que los rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la Constitución y la Ley les señalan, y que todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos fundamentales que les asegura la Constitución Política del Estado.

“2º: Que la juridicidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo que en el curso de los años ha ido plasmando en ella el

consenso fundamental para su convivencia. Atentar contra ella es, pues, destruir no sólo el patrimonio cultural y moral de

nuestra nación sino que negar, en la práctica,  toda posibilidad de vida democrática.

“3º: Que son estos valores y principios los que se expresan en la Constitución Política del Estado, que de acuerdo a su artículo 2º  señala que la soberanía reside esencialmente en la nación y las autoridades no  pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue, y en el artículo 3º del cual se desprende que un Gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha delegado, incurre en sedición.

“4º: Que el actual Presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno previo acuerdo en torno a un Estatuto de Garantías Democráticas incorporado a la Constitución Política que tuvo un preciso objeto  de asegurar el sometimiento de la acción de  su Gobierno a los principios y normas del  Estado de Derecho, que él solemnemente  se comprometió a respetar.

“5º: Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto  control económico y político por parte del  Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece.

“6º: Que, para lograr ese fin, el Gobierno  no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que  ha hecho de ellas un sistema permanente  de conducta, llegando a los extremos de  desconocer y atropellar sistemáticamente las  atribuciones de los demás Poderes del  Estado, de violar habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los  habitantes de la República, y de permitir y amparar la creación de poderes paralelos,  ilegítimos, que constituyen gravísimo peligro para la nación; con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y  del Estado de Derecho.

“7º: Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el Gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos: 

“a) Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país,  que son indiscutiblemente materia de ley,  por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en “resquicios legales”;  siendo de notar que todo ello se ha hecho  con el propósito deliberado y confeso de  cambiar las estructuras del país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola  voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad del legislador; 

“b) Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional, al privar de todo efecto real a la atribución que a éste compete para destituir  a los Ministros de Estado que violan  la Constitución  o la Ley, o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental;

“c) Y—lo que tiene la más extraordinaria gravedad— ha hecho tabla rasa de la  alta función que el Congreso tiene como  Poder Constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las  tres áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que  para ese efecto establece la Carta Fundamental.

“8º: Que por lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido en los siguientes desmanes: 

“a) Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su  independencia ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra  la Excma. Corte Suprema y ha amparado  graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces;

“b) Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del Gobierno, ya  sea mediante el ejercicio abusivo del indulto o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de  detención;

“c) Violando leyes expresas y haciendo tabla rasa del principio de separación de los Poderes, ha dejado sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias  a sus designios; y, frente a las denuncias que al respecto ha formulado la Excma.  Corte Suprema, el Presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis de derecho de hacer un “juicio de méritos” a los fallos judiciales y de  determinar cuándo éstos deben ser cumplidos.

“9º: Que, en lo que se refiere a la Contraloría General de la República —un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la juridicidad administrativa—  el Gobierno ha violado sistemáticamente  los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del  Ejecutivo o de entidades dependientes de él.

“10º: Que entre los constantes atropellos  del Gobierno a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución pueden destacarse los siguientes:

“a) Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la autoridad debe prestar a las personas, los derechos y los bienes de todos los habitantes  de la República, en el ejercicio de las facultades que dicen relación con la alimentación y subsistencia y en numerosos otros  aspectos; siendo de notar que el propio Presidente de la República ha erigido estas  discriminaciones en norma fundamental de  su Gobierno, al proclamar desde el principio que él no  se considera Presidente de  todos los chilenos;

“b) Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales  del Gobierno; clausurando ilegalmente diarios y radios; imponiendo a estas últimas  “cadenas” ilegales; encarcelando  inconstitucionalmente  a periodistas de oposición:   recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta, y violando abiertamente las disposiciones legales a que debe sujetarse el Canal  Nacional de Televisión, al entregarlo a la  dirección superior de un funcionario que  no ha sido nombrado con acuerdo del Senado, como lo exige la ley, y al convertirlo en instrumento de propaganda sectaria  y de difamación de los adversarios políticos; 

“c) Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que la Constitución reconoce a las Universidades para  establecer y mantener estaciones de televisión, al amparar la usurpación del Canal 9 de la Universidad de Chile, al atentar por  la violencia y las detenciones ilegales contra el nuevo Canal 6 de esa Universidad, y al obstaculizar la extensión a provincias del  Canal de la Universidad Católica de Chile;

“d) Ha estorbado, impedido y, a veces, reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son adictos al régimen,  mientras ha permitido constantemente que  grupos, a menudo armados, se reúnan sin  sujeción a los reglamentos pertinentes y se  apoderen de calles y caminos para amedrentar a la población; 

“e) Ha atentado contra la libertad de enseñanza, poniendo  en aplicación en forma  ilegal y subrepticia, a través del llamado  Decreto de Democratización de la Enseñanza, un plan educacional que persigue como finalidad la concientización marxista; 

“f) Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad, al permitir y amparar más de 1.500  “tomas” ilegales, de predios agrícolas, y al  promover centenares de “tomas” de establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos o intervenirlos ilegalmente y constituir así, por la vía del despojo, el área estatal de la economía: sistema  que  ha sido una de las causas determinantes de  la insólita disminución de la producción,  del desabastecimiento, el mercado negro y el alza asfixiante del costo de la vida, de la ruina del erario nacional y, en general, de la crisis económica que azota al país y que  amenaza el bienestar mínimo de los hogares y  compromete gravemente la  seguridad  nacional; 

“g) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además  de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas  sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas;  

“h) Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolos, como en  el caso de El  Teniente o de los transportistas, a medios ilegales de represión; 

“i) Ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores  injustamente perseguidos como los de Sumar, Helvetia, Banco Central, El Teniente y Chuquicamata; ha seguido una arbitraria política de imposición de las haciendas estatales a los campesinos, contraviniendo  expresamente la Ley de Reforma Agraria; ha negado la participación real de los trabajadores de  acuerdo a la Reforma Constitucional que  les reconoce dicho derecho; ha impulsado el fin de la libertad sindical mediante el  paralelismo político en las organizaciones de los trabajadores;

“j) Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla.

“11°: Que contribuye poderosamente a  la quiebra del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento bajo el estímulo y la  protección del Gobierno, de una serie de organismos  que son sediciosos, porque ejercen una  autoridad que ni  la Constitución ni la Ley les otorgan, con manifiesta violación de lo dispuesto en el Art. 10, N° 16 de la Carta Fundamental, como por ejemplo, los Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, los Comités de Vigilancia, las JAP. etc.; destinados todos a crear el mal llamado “Poder Popular”, cuyo fin es sustituir a los poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura  totalitaria, hechos que han sido públicamente reconocidos por el Presidente de la República  en su último Mensaje Presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas.

“12°: Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las  personas  y sus derechos, y contra la paz

interna de la  nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas; como también  tiene especial gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importantísimas funciones frente a las asonadas  delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al Gobierno. No pueden silenciarse, por su alta gravedad, los públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas  Armadas y al Cuerpo de Carabineros  con fines partidistas, quebrantar su jerarquía  institucional e infiltrar políticamente sus cuadros.

“13°: Que al constituirse el actual Ministerio, con participación de altos miembros  de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el señor Presidente de la República lo denominó “de seguridad nacional” y le señaló como tareas fundamentales las de  “imponer el orden político” e “imponer el  orden económico”, lo que sólo es  concebible sobre la base del pleno restablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales que configuran el orden institucional de la República.

“14°: Que las Fuerzas Armadas y el  Cuerpo de Carabineros son y deben ser, por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no sólo para un sector de la nación o para una combinación política. Por consiguiente, su presencia en el Gobierno no puede prestarse para que cubran  con su aval determinada política partidista  y minoritaria, sino que debe encaminarse  a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes, y de  convivencia democrática indispensables para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo.

“La H. Cámara de Diputados, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política del Estado,  acuerda:

PRIMERO: Representar al señor Presidente de la República y a los señores Ministros de Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del  Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan  los hechos y circunstancias referidos en los considerandos quinto a duodécimo precedentes; 

SEGUNDO: Representarles asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las  leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de  las instituciones de que son altos miembros,  y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes, a fin de encauzar la acción gubernativa por las vías de derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra  patria y las bases esenciales de convivencia  democrática entre los chilenos. 

TERCERO: Declara que si así se hiciere, la presencia de dichos señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso  servicio a la República. En caso contrario, comprometería gravemente el carácter nacional  y profesional de las Fuerzas Armadas y  del  Cuerpo  de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la  Constitución Política

y grave deterioro de  su prestigio institucional, y  

CUARTO: Transmitir .este acuerdo al señor Presidente de la República y a los señores Ministros  de Hacienda, Defensa  Nacional, Obras Públicas y Transportes y Tierras y Colonización”.

En realidad, a lo manifestado por la Cámara de Deputados hay muy poco que agregar, salvo una cosa: había llegado el momento en que las palabras parecían estar demás, puesto que, a estas expresiones, emanadas tanto del Poder Legislativo, como del Judicial, deben sumarse otras manifestaciones, escritas, de la Contraloría General de la República, del Colegio de Abogados y otras instituciones u organizaciones civiles, además de las innumerables manifestaciones de los sindicatos, en especial de trabajadores de organismos o empresas estatales y particulares, afectadas por la epidemia de ocupaciones y usurpaciones ilegales, promovida y desatada por el propio gobierno, las que se tradujeron en una interminable sucesión de huelgas y protestas públicas, sin precedente en la historia de Chile. También hizo oír su voz, la Iglesia Católica, en el mismo sentido. Otros credos señalaron, en su momento, opiniones similares. Todo lo que, pacíficamente, podía hacerse, se hizo y no se logró el propósito de que el gobierno ejerciera sus funciones de acuerdo con las leyes de la República y el más elemental sentido común.

El país estaba en la ruina moral, social, económica y jurídica, su aparato productivo, sin el cual no se consigue la adecuada provisión de los bienes que la vida humana precisa, paralizado, la delincuencia descontrolada y los odios encendidos artificialmente, propiciando la tan deseada, por el gobierno y sus partidarios, “lucha de clases”. Documentos incautados luego del 11 de septiembre de 1973, demostraron hasta la saciedad, que el gobierno preparaba un autogolpe, en el que, cínicamente, se estimaba que el sangriento proceso de la conquista del poder total acarrearía la muerte a 1.500.000 chilenos.

Había llegado el momento, entonces, de que a las armas de la subversión marxista, se opusieran las armas de la Patria.

Pero, ¿es legítimo que, ante semejante descalabro, se haga uso de la fuerza o, dicho en otras palabras, de las armas? Es evidente que, para los partidarios de Allende, de ayer y de hoy, así como de adversarios de entonces, hoy aliados, la respuesta es no. Había, dicen, un “proceso democrático”, un “orden institucional”. Nada dicen del gravísimo quiebre del orden jurídico, económico y social; guardan silencio acerca de las claras manifestaciones respecto del nulo respeto del gobierno, por la democracia que, según sus actuales defensores, Allende defendía a ultranza.

Para ellos, el pronunciamiento militar del 11 de septiembre sólo responde a ilegítimas ansias de poder, a las maquinaciones de los poderes económicos internacionales, a la siempre vilipendiada CIA, etc.

Los hechos que muy someramente hemos descrito, demuestran claramente lo contrario.

La grave decisión de interrumpir, mediante las armas, un proceso político, por la razones que sea, en ciertas ocasiones se convierte en el único medio eficaz de poner coto a los desmanes del gobierno, cuando los medios regulares, como el diálogo, la reprensión y ciertas medidas de presión moral, como la huelga, no consiguen someter al imperio de la razón, al gobernante tiránico. Como grave es tal decisión, graves deben ser los motivos para ello, de lo contrario, la política se convierte en el juego de los cuartelazos, de los motines, del desorden y el abuso. Por esto, es indispensable que la decisión debe someterse a razones verdaderas, de peso, con clara conciencia de que no hay otro medio de imponer la justicia, como medio normal de la convivencia nacional. Hay requisitos.

UNA FUNDAMENTACIÓN

A lo largo de la historia, especialmente a partir de los griegos, los pensadores se han dedicado a estudiar a conciencia, los problemas de la política, al punto de haberse creado una ciencia particular, que denominamos “Filosofía Política”, de la cual probablemente sea Santo Tomás de Aquino (1225-1274) su mejor exponente. Tanta influencia ejerció este fraile dominico que se creó una auténtica escuela de pensamiento, la tomista, cuyos discípulos estudiaron en detalle el mismo problema que aquejaba al Chile de 1973, y que se ha resumido en el llamado “derecho a la rebelión”, que ya había merecido la atención del propio Santo Tomas.

¿Qué nos dicen estos pensadores, casi todos ellos miembros del clero católico?

Nos dicen que, para que se pueda ejercer legítimamente el citado derecho (para no caer en el simple despojo del poder), es necesario que el gobernante sea objetivamente malo, es decir, que gobierne sin tener en mente el bien común, que sus actos de gobierno sean contrarios a la razón y a las leyes legítimamente promulgadas.

Naturalmente que, en la formulación de los requisitos para la rebelión, resulta indispensable que se hayan agotado los medios pacíficos para que el gobernante enmiende su conducta, que si tales medios no se han agotado, toda rebelión es ilegítima.

También enseñan que quienes se alzan contra el gobernante despótico, deben tener el auténtico deseo de obrar rectamente, en el ejercicio del poder que intentan detentar.

Manifiestan además, un requisito de sentido común: la acción que van a emprender no debe representar un daño tal a la sociedad, a las personas y a sus bienes, que resulte peor que los males que causa el mal gobierno. En resumidas cuentas, que su accionar se limite a los actos estrictamente necesarios para el logro de los fines perseguidos y que se tengan seguridades de alcanzar una pronta victoria, al contar con los medios necesarios para llevar a cabo la empresa.

Con un mínimo de sentido común, cualquier persona medianamente educada, se podrá percatar que estos requisitos, mínimos, constituyen una verdadera salvaguarda a los derechos del hombre común y corriente y de su familia, que no tiene más medios de defensa ante la arbitrariedad del gobernante, que las armas de la justicia, del trabajo honesto. Pero, acotamos, carece de las armas bélicas, que son un monopolio de las Fuerzas Armadas y de Orden, porque la propia ley así lo dictamina, para que las ciudades, pueblos y aldeas del país no se conviertan en dominio de la ley del más fuerte. Pues bien, entonces son los que poseen legítimamente las armas, es decir, las Fuerzas Armadas, los llamados a ejercer el derecho a la rebelión. Con esto, nos dirán los detractores, entregamos a los militares, una tutela indebida sobre la sociedad, lo que es cierto, si quienes componen los institutos armados, carecen de la rectitud de principios y la voluntad, necesarias para ejercer el poder militar en la medida y oportunidad que la situación así lo haga preciso.

Desgraciadamente, vivimos en una región del mundo en que todavía se recuerdan, cuando no se reviven, golpes de estado, llevados a cabo por las Fuerzas Armadas, por meros deseos de hacerse del poder. No olvidemos, sin embargo, que la muy culta y civilizada Europa, cuyos habitantes suelen asombrarse de tales intentos, no escapa a situaciones semejantes, incluso en pleno siglo XX, de manera que el problema no se circunscribe a nuestro continente. En todas partes, nos enseña la sabiduría popular, se cuecen habas.

Esta percepción facilita a algunos a pronunciarse, sin evaluar cada caso en particular, siempre en contra del acceso militar al poder. Olvidan que vivimos en una sociedad de seres humanos, falibles, débiles y no en una sociedad de ángeles, perfectos, disciplinados y obedientes. No son ángeles nuestros conciudadanos, tampoco nuestros gobernantes. Mucho menos gozamos de la prerrogativa de la infalibilidad: solemos equivocarnos, incluso siendo gobernantes. Peor aún: suele suceder que el acceso al poder sea visto como el medio ideal, para imponer, por el medio que sea, las propias ideas, aún en contra de lo que es, a todas luces, la idiosincrasia nacional. Aunque a muchos les repugne, esto lo refleja fielmente el lema de nuestro escudo nacional: Por la razón o la fuerza. Si no entramos en razón, justo es que se nos aplique la fuerza.

Veamos por parte, nuestros requisitos:

Que el gobierno sea objetivamente malo:

En Chile, en 1973, el gobierno de turno, objetiva, visible y culpablemente se desentendió del bien común y orientó todos sus actos a la conquista del poder total, para imponer a los chilenos, un sistema de gobierno marcado por la ideología comunista, misma que, ya para entonces, era evidentemente contraria a los más elementales principios de la moral y la justicia y a nuestra idiosincrasia. Era evidente, por cierto, que la inmensa mayoría de los chilenos, no quería, para su Patria, un sistema así. Era evidente que la inmensa mayoría de los chilenos estaba harta de la aguda escasez de alimentos, de vestuario, de combustible para calefacción o para sus vehículos, estaba cansada del mercado negro (un negocio exclusivo del Estado); ya no quería más huelgas, tomas, asaltos a las empresas privadas, de las interminables e ilegales “cadenas de radio”, con las que se procuraba silenciar a los medios de comunicación opuestos al régimen y a tanto atropello, que resulta imposible enumerar en su totalidad.

Se agotaron los medios pacíficos para lograr la enmienda del mal gobernante:

Fueron los restantes poderes del Estado quienes, asumiendo una conducta digna de sus responsabilidades para con la ciudadanía, formularon un juicio unánime y demoledor: el gobierno era objetivamente malo.

También fueron las múltiples formas de organización social, que valerosamente salieron a las calles, con riesgo de sus propias vidas, las que hicieron oír su voz, clamando por un regreso a la sana convivencia, al orden y a la tranquilidad, que el gobierno se negaba a concederles. Quienes, hoy, sostienen que nada de ello ocurrió, debieran echar una ojeada a los diarios de la época, de gobierno y de oposición, para constatar que lo que estamos señalando, efectivamente sucedió, para que se empapen del ambiente de odio, de desorden institucionalizado, del caos social y económico, que eran la tónica de entonces.

Como suele apelarse al carácter “democrático” del señor Allende y sus aliados, para descalificar el pronunciamiento militar de septiembre de 1973 y con el fin de desvirtuar tal aseveración y, al mismo tiempo demostrar que se agotaron los medios pacíficos – que suelen ser de escaso valor, si no se les respeta por todas las partes en conflicto – para lograr la enmienda de la conducta del gobierno, baste un ejemplo: el 4 de marzo de 1973 se celebraban elecciones de senadores y diputados, en las cuales el gobierno obtuvo algo más del 43% de los votos. Claramente, el pueblo no se pronunció a favor de tan democrático gobierno y lo hizo… democráticamente. No obstante, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, la Universidad Católica, por medio de su Facultad de Derecho, realizó un estudio detenido de las citadas elecciones, estudio que reveló que el gobierno había incurrido en un gigantesco fraude electoral, en que se hizo votar a personas fallecidas ¡30 años antes!, en que falsificó cédulas de identidad de personas que residían en el extranjero, para que sus partidarios votaran más de una vez. Todo lo que el gobierno pudo hacer, para el logro de sus torcidos fines, lo hizo. El fraude fue, sin embargo, tan burdo, que hubo varones que votaron con cédulas de identidad de mujeres; hubo residentes en el extranjero que vinieron a Chile, con el propósito expreso de emitir su voto, ¡encontrándose con la sorpresa de que ya habían votado! Pese a tan gigantesco esfuerzo, el gobierno no alcanzó la mayoría parlamentaria que le hubiera permitido hacer y deshacer, sin más atajo que sus propias aspiraciones. Lamentablemente, este medio pacífico de manifestarse en contra de un gobierno abusivo, demostró ser inútil ante la voluntad del gobierno, de imponerse por los medios que fuera, para lograr una enmienda a sus torpes conductas.

Es razonable concluir que, efectivamente, se agotaron los medios, sin resultado alguno. Para el 19 de septiembre de 1973, estaba planeado el autogolpe, por el gobierno. Hay abundante documentación que revela que el nivel de preparación del golpe era muy detallado, desde los niveles estratégicos, hasta los más domésticos, pero adolecían de un defecto fundamental: estaban basados en utopías, como la de creer que el “pueblo”, en masa, se pondría de parte de los sediciosos. Afortunadamente, para Chile, el gobierno se creyó sus propias mentiras… No obstante, para Allende y sus cómplices, los medios pacíficos nunca tuvieron más valor que los de simples tácticas, en el camino al poder total, la clave era el medio violento, la “lucha de clases”. Allende y compañía son el mejor aval del movimiento militar del 11 de septiembre.

Los rebeldes deben tener un auténtico deseo de gobernar rectamente:

Los hechos demuestran que, efectivamente así fue.

El Chile anterior al 11 de septiembre es radicalmente diferente al del período precedente.

Los 17 años del gobierno militar se dedicaron, sucesivamente, a reconstruir la destruida economía, a restablecer el orden institucional, a crear para Chile, las condiciones indispensables para fuesen los propios chilenos los que forjaran los destinos de la nación, en un clima de orden, de paz. Chile, desde entonces, ha marcado el camino a las naciones asoladas por la ineficiencia política, económica y social y que buscaron, en sus momento, la solución en utopías de corte socialista, cuyo único fruto ha sido el atraso en todos los campos y cuyas víctimas son los pueblos, sus gentes, sus hombres, mujeres y niños, plenos de talento, de entusiasmo por surgir, por acceder a los bienes que les corresponde, en virtud de su legítimo derecho a ser bien gobernados. Así ha resultado que, en un país en que un teléfono era un lujo sólo al alcance de unos pocos privilegiados, hoy el automóvil propio sea un bien al alcance de la mayor parte de la población; de un país en el que empresa privada y delito eran casi sinónimos, a un país que surge gracias, precisamente al emprendimiento privado.

La idea de que la política debe intervenir en cada mínimo gesto del ciudadano común, es simplemente, un error. Lo demostró el gobierno militar, que procuró – y consiguió – lo que corresponde al buen gobierno: crear las condiciones para que el talento y el esfuerzo humanos hagan, libremente, lo que les corresponde hacer. Si humanamente es imposible que ciertos grupos sociales superen las barreras que los separan del progreso espiritual y material al que aspiran, deberá el Estado brindar el apoyo necesario: es el principio de subsidiariedad del Estado, impulsado por el gobierno militar y que se ha traducido en los subsidios habitacionales, en el desarrollo de un sistema de salud pública y en tantas otras obras que, ni remotamente, hubiesen sido imaginables antes de 1973.

Es cierto que las creaciones del gobierno militar son objeto, hoy, de duras críticas, probablemente muchas de ellas bien fundadas, pero dichas obras no las hizo Dios, sino los hombres, débiles, falibles y, por lo mismo, a las críticas se debe responder con otra crítica: mejoremos lo que tenemos, que, si no hay remedio, cambiemos las cosas, pero en el bien entendido de que se va a crear algo mejor, para no terminar con un nuevo Transantiago, que no resolvió nada y que, peor aún, creó nuevos y más graves problemas.

Es difícil, para las generaciones más jóvenes, percibir los cambios que produjo el gobierno militar, muchas de cuyas realizaciones – que nadie pretende hayan sido perfectas, sino tan sólo humanas – hoy son denostadas, omitiéndose señalar el hecho de que lo que hubo antes, ofendía a la más elemental justicia. Y, en lugar de lanzar críticas descarnadas, la clase política se niega a formular las correcciones del caso, si las hay.

¿Y los derechos humanos? ¿Es que no cuentan los 3.000 detenidos-desaparecidos? Oh, con cuánta facilidad se olvida el hecho de que, quiérase o no, en Chile se libró una verdadera guerra, con todo lo que ello implica. Se omite mencionar que la “convicción” de la desaparición o muerte de esas 3.000 personas nunca ha sido demostrada por los medios de que habitualmente se vale la sociedad, limitándose la respectiva comisión investigadora, a reunir las declaraciones, jamás sujetas a comprobación, de familiares, parientes o conocidos. Nunca se tomó en cuenta, porque no hubo voluntad de hacerlo, los testimonios de la contraparte, que así, quedó motejada de culpable, sin más. Tampoco se reunieron pruebas, físicas o documentales, que apoyaran los testimonios recogidos. El más burdo de los tribunales de justicia, de cualquier parte del mundo, no dictaría jamás, una sentencia apoyada en tan frágiles “pruebas”. Los cálculos, hechos a la luz de los antecedentes que se manejan, hablan de armamento en cantidad suficiente para equipar no menos de 5.000 combatientes, una división de ejército, aproximadamente. También se olvida que la unidad Popular cifraba en un millón y medio de muertos, el costo en vidas humanas, de su aventura subversiva. Probablemente los cálculos de Allende y sus asociados hubieran quedado cortos, considerando que la imposición del comunismo, en los países que han sufrido este “proceso”, ha significado un costo de sangre bastante más alto. En Camboya, país de ocho millones de almas, perdieron la vida alrededor de dos millones de personas; en la Unión Soviética, ninguna cifra estimativa ha bajado de sesenta millones, desconociéndose el monto de víctimas de la China Roja, Vietnam, etc. Y esto, sin considerar los crímenes que tales regímenes cometieron, en el cumplimiento de sus políticas, en materias tales como el control de natalidad, reubicación (léase, destierro forzoso) de poblaciones enteras, desnutrición generalizada, por ineficiente manejo de la economía, etc. El siglo XX quebró todos los records en materia de genocidios y, salvo contadas excepciones, dichas masacres son responsabilidad única y exclusiva del Partido Comunista, que es el mismo, en Chile, que en Francia, Rusia o Cuba.

Frente a tan devastadoras realidades, el, costo que Chile pagó, ha sido mínimo. Y con esto no se trata de eludir el tema de fondo de quienes agitan los derechos humanos como bandera de lucha, sino de poner este asunto en su verdadera dimensión: hubo una guerra y en esta guerra, como en todas las guerras, era inevitable que hubiese bajas humanas. Y las hubo, por ambos bandos. También las Fuerzas Armadas y de Orden tuvieron y lamentaron la pérdidas de vidas entre sus filas y, para ellas, no ha habido rimbombantes memoriales ni homenajes, sino tan sólo sobrios recordatorios de sus sacrificios. Perdieron sus vidas por la defensa de su Patria y han pasado, silenciosamente, a engalanar los pendones gloriosos de su Ejército, su Armada, su Fuerza Aérea, su Cuerpo de Carabineros o su Policía de Investigaciones. También, estos caídos en el cumplimiento del deber, tenían familia: padres, madres, hermanos, esposas, hijos, que lloran dignamente a sus deudos, sin esperar la recompensa de millonarias indemnizaciones que, más que un premio, son una vergüenza, para el honor militar. O se da la vida por la Patria, o se cobra por darla, que es lo mismo que venderla. Se es soldado o se es mercenario. No hay más.

Verdaderamente, los militares hicieron, en ejercicio del poder político, lo mismo que en la vida castrense: hacer el bien, haciéndolo bien. Y no tuvieron otras intenciones.

Que el costo de la rebelión sea razonablemente aceptable y que se cuente con los medios para ello.

No sólo se expulsó del poder a un gobierno tiránico, porque además, se evitó una sangrienta guerra fratricida, entre chilenos, cuyo costo, según cálculos del mismo gobierno tiránico, rondaría el millón y medio de muertos. Las bajas, fruto inevitable y ciertamente amargo de toda guerra, fueron razonablemente las mínimas. La mayor parte de los partidarios de Allende, especialmente de las más altas esferas, se dieron de inmediato, a la vergonzosa fuga, mientras algunos núcleos insistieron en imponer sus ideas, por la fuerza, de modo que a las Fuerzas Armadas y de Orden no les quedó más recurso que la misma fuerza. No se conversa con quien blande un fusil o una bomba, simplemente se le combate. El diálogo, si no es a mano limpia y con recta intención, por ambas partes, es pérdida de tiempo. Y hacemos notar que esta guerra, Chile no la libró sólo contra quienes, dentro de nuestras fronteras, persistieron en sus afanes subversivos, pues el comunismo internacional desató una campaña internacional sin parangón en la historia. Chile debió luchar contra todo el mundo, casi sin ningún apoyo internacional y, en esta lucha, el pueblo chileno sufrió serias dificultades, sin embargo, no nos asoló el hambre de Camboya, ni la miseria de Vietnam o de Cuba. Salió adelante, gracias al empeño del gobierno y al esfuerzo del hombre de la calle, del campo, de la mina o del bongo pesquero.

Y, sin dudas, son las Fuerzas Armadas del Estado, las únicas que, por formación, organización, entrenamiento y medios materiales, pueden emprender la tarea de expulsar del poder al que, ejerciéndolo, daña, no beneficia al país, en la medida como Allende y sus compañeros lo hicieron y pretendieron hacerlo. Esta condición de las Fuerzas Armadas, de guardianes de la paz de la vida ciudadana, en particular, como en el caso que nos ocupa, viene a explicar el por qué los regímenes políticos totalitarios, como los conducidos por el Partido Comunista, se sustenten sobre la base de un poderoso aparato militar, férreamente controlado por el propio partido. Ello les asegura que, ante el poder atrabiliario, el pueblo queda absolutamente inerme. Sus medios de defensa frente al abuso del poder, están subordinados al arbitrio del mismo que comete tales abusos.

Efectivamente, la situación pronto fue controlada, al menos en el gran escenario nacional. Lo que vino después, fue la limpieza de los elementos que resistieron al accionar de los militares, mediante el viejo argumento del acto terrorista, criminal e indiscriminado. En la década de 1980, el Partido Comunista ingresó un importante contrabando de armamento militar, con el evidente propósito de reemprender la lucha armada por el poder total. A la fecha, por declaraciones del máximo jerarca comunista en el país, sabemos que gran parte del contrabando permanece oculto, a la espera de mejores oportunidades… Ningún gobierno puede permanecer indiferente ante semejante agresión. El gobierno militar no fue indiferente  y logró atenuar, en la medida de sus capacidades, el daño que se pretendía causar.

Tal vez, el aspecto más digno de mención es que el gobierno de la Unidad Popular empleó todos los medios a su alcance, por infiltrar a los cuerpos castrenses, con resultados desalentadores: la adhesión de militares al proceso revolucionario no llegó al 1% del total de los efectivos, aun cuando no cabe duda de que un número mayor de uniformados sintió alguna simpatía por las corrientes ideológicas subversivas. El patriotismo y la disciplina pudieron más que la propaganda marxista. Más que el fusil, esas fueron las armas con que contaban nuestros cuerpos militares.

MEDITACIÓN FINAL

¿Habrá un nuevo 11 de septiembre? No lo sabemos y ni siquiera lo deseamos. La historia, esa vieja y despreciada maestra de la raza humana, suele dar muchas vueltas. El hombre es el único animal, decía un pensador, que tropieza dos veces en la misma piedra.

Obviamente hay quienes creen que no lo habrá, que las circunstancias del mundo de hoy nada tienen que ver con las que se vivieron en 1973. Hoy sería sencillamente imposible. El mundo se volvería abiertamente hostil a un nuevo quiebre de esta naturaleza, hasta el punto de tornar inviable un nuevo gobierno militar. Pero ya sabemos que “el mundo” poco y nada ha hecho para evitar los conflictos de poder en el Medio Oriente, en Libia, en Afganistán, en Irak, salvo crear nuevos conflictos, al tanto que contemplamos cómo, hasta en la civilizada Europa crece día a día el descontento popular, a causa de los despilfarros del “Estado de bienestar”, eufemismo por “socialismo”. Grecia, Italia, Irlanda, Chipre, España y Francia pendían precariamente al borde de la bancarrota, mientras que otros, hasta la fecha, han eludido, a duras penas, el temporal, por ser incapaces de cumplir las promesas de educación, salud, vivienda y otros bienes gratuitos. ¿No se encontrarán en el umbral de nuevos alzamientos populares, en pos de legítimas demandas? Y entonces, ¿qué solución se les dará? ¿Dar pie atrás con tanta promesa demagógica? Ya parece que es algo tarde.

Según transcurre el tiempo, y como estos problemas no se resuelven en sus raíces, la paciencia se agota, los ánimos se caldean, los millones de cesantes reclaman, crece el descontento, las soluciones de parche exasperan a los que pagan sus consecuencias. Nada parece contribuir a aquietar las aguas. Dios no lo quiera, pero suele suceder que, en estos casos, la violencia termina por imponerse. El hambre y la miseria – no decimos “pobreza” – no son buenos consejeros, pero apremian.

El pueblo tiene derecho a ser bien gobernado y los cauces para conseguir dicho derecho no siempre responden a los dictados de la recta razón. Mientras tanto, en nuestro vecindario han aparecido nuevos intentos por imponer el socialismo, con los mismos consabidos resultados: países riquísimos sumergidos en el mar del desabastecimiento, su prima hermana, la inflación y su hermano bastardo, el mercado negro, manchados hasta la médula por la corrupción, asediados por la delincuencia; países que exportan cantidades colosales de petróleo y que, no obstante, sufren racionamiento de energía; agobiados por grotescos fraudes electorales; pueblos engañados por cortinas de falsos – y peligrosos – conflictos, mientras, sufriendo las consecuencias, sólo gimen por ser bien gobernados.

Chile, el 11 de septiembre, optó por sacudirse los yugos que nadie tiene derecho a imponer, ni siquiera con el pretexto de las mejores intenciones.

A la pregunta con que iniciamos estas líneas, damos esta respuesta:

Porque Chile, mediante el 11 de septiembre, quiso ser bien gobernado.

Y porque Chile, gracias al 11 de septiembre, pudo ser bien gobernado.

Septiembre 2014