ESTADO DE DERECHO 3

ESTADO DE DERECHO 4Cuando se habla de Estado de derecho, se suele pensar, en virtud de una especie de reflejo condicionado, en un Estado de­mocrático, dotado de parlamento y de par­tidos políticos. Hasta tal punto ha llegado la eficacia de este reflejo, que se piensa que un Estado en que tengan vigencia es­tas instituciones, aunque se debata en la más bala anarquía y desorganización so­cial, es un Estado de derecho, y que no lo es —se habla entonces de los gobiernos de facto— aquél en que no hay partidos ni parlamento, aunque en él exista orden so­cial, tranquilidad pública y claridad en cuanto a los fines políticos.

No iremos a ninguna parte si en Chile no nos damos cuenta de que democracia —al modo como aquí se usa el término― ­no significa solución a nuestros problemas nacionales, dados sus antecedentes, y que sí significa una fuerza inerte de intereses creados y de falta de inteligencia política. ¿Cómo se puede esperar remedio a una si­tuación de aquello que ha sido causa de ella?

Hay que entender qué significa estado de derecho: es el orden objetivo que se establece en una sociedad civil pa­ra que ésta alcance eficaz y efectivamente su bien común. Al decir objetivo, esta­mos indicando que tal orden no puede de­pender del arbitrio de la voluntad, —sea ésta de uno, de unos pocos o de muchos― ­sino de normas y determinaciones ra­cionales públicamente promulgadas. La norma principal de este orden es la de lo justo, que debe regir no sólo las relaciones de los par­ticulares entre sí y las del Estado con los particulares, sino básicamente la de és­tos con el bien común que es el fin de la sociedad. Esta última forma de lo justo —que corresponde a la justicia llamada legal o general— es la que debe consti­tuir ei objeto principal de las obligaciones del Estado, no para crearla, por cierto, ya que ella existe en principio desde que existe la sociedad, sino para aplicarla en concreto y para determinar, en consecuen­cia, el modo como los particulares han de cumplir con ella. Para esto, la autoridad política promulga la ley, cuyas únicas con­diciones de legitimidad son: 1) estar orde­nada efectivamente al bien común, y 2)  es­tar promulgada por la autoridad legítima. Estando constituido el derecho por el con­junto de normas objetivas sobre las cuales se ha legislado, es fácil ver que existe Es­tado de derecho cuando existe una autori­dad legítima que legisla en orden al bien común. Si al mismo tiempo se repara en que la principal causa de legitimidad de la autoridad es, precisamente, el buen ejerci­cio del poder, es decir, la consecución efec­tiva del bien común, se concluye en algo muy simple: hay Estado de derecho cuan­do hay autoridad legítima. El principal pro­blema político de Chile es el haber perdido completamente la noción de lo que es la legitimidad política, y el haberse acostumbrado, en consecuencia, a aceptar lo ilegí­timo como legítimo.

Lo normal en todo Estado de derecho es que suponga una real participación del pueblo gobernado en la gestación de las le­yes. Esto en atención a que para ser bue­nas y justas, éstas deben corresponder a la realidad social que buscan ordenar, y a que el mejor modo de lograr esta corres­pondencia es la de contar con la presencia, en el momento de la deliberación y del con­sejo previos a La decisión legislativa, de aquellos mismos a quienes la ley ha de afectar de una u otra manera. Como esta presencia es imposible de un modo directo, se da mediante una representación.

Si bien se observa, nada de esto ocurre en un Estado organizado según el sistema de partidos políticos. El principio de éstos es el de que la realidad social debe ser or­denada de acuerdo a una ideolo­gía, y por esto queda excluida, en el mo­mento de legislar, toda consulta directa a los que realmente componen el organismo social. Quienes legislan son los partidos, y si es cierto por una parte que no pueden ignorar absolutamente al pueblo real cuan­do hacen las leyes, a riesgo de perder su fuerza electoral, por otra no lo es menos que la atención a la realidad social es com­pletamente mediatizada y condicionada por el prisma ideológico y por intereses inme­diatos de poder político. Por esto, un Esta­do democrático partidista nunca podrá constituir un auténtico Estado de derecho, si entendemos y aceptamos que el derecho es algo objetivo que no depende en su exis­tencia ni en sus determinaciones de lo que decidan privadamente esos grupos llamados partidos políticos.

La participación que debe buscarse al or­ganizar el Estado es, por consiguiente, la de los organismos sociales que natural y normalmente constituyen la sociedad ci­vil. Son éstos, y no los partidos políticos, los que deben estar representados ante el poder político, para que permanentemente puedan estar en disposición de exponer an­te éste cuál es su real situación y cuáles son sus verdaderas necesidades. Esta re­presentación exige una institución cuya fun­ción sea la de dar el consejo necesario en la elaboración de las leyes: no es la de le­gislar, que es función de la autoridad política, ya que es en ésta donde debe resi­dir todo poder de decisión, sino la de apor­tar y pesar todas las razones en que se funda la ley.

La manera concreta de organizar una institución de este tipo no puede ser for­mulada a priori, pues la organización del Estado no puede ser la aplicación de un molde a la sociedad, forzándola a adap­tarse a é1. Por el contrario, las formas políticas deben ser educidas de ella, de modo que ninguna le resulte violenta o ex­traña. Es por esto por lo que, en esta ma­teria, sólo se puede señalar un criterio ge­neral, y nunca dar una receta.

*Publicado originalmente en Tizona Nº 35.