Indefensión 4

Indefensión 5La opinión pública, como mayoría silenciosa de este país, ha observado con consternación las golpizas sufridas por Carabineros, a manos de turbas enardecidas de encapuchados y “actores sociales” durante las llamadas “protestas pacíficas”. Ante los cuales los defensores del orden público, por mandato constitucional, son apedreados y quemados con ácido y bombas molotov. La pregunta que todo chileno bien nacido se hace ¿por qué la autoridad encargada de apoyar política y jurídicamente a Carabineros no lo hace? Hoy como sabemos, la fuerza de Orden y Seguridad, ha pasado a depender del Ministerio del Interior. Se echa de menos una actitud enérgica de dicha repartición, en la actual circunstancia, ni nunca, no se puede ser vacilante (como cuando se prohibieron las bombas lacrimógenas y se repusieron 3 días después…). El mensaje que se está entregando no es malo, es pésimo, el principio de autoridad no puede ser menoscabado, de lo contrario se produce una gran sensación de inseguridad en la población, mala imagen exterior y en la policía se traduce en una baja en la moral del personal. De ello un ejemplo; en una de las “protestas pacíficas” una turba atacó a cuartel de la PDI en Valparaíso, respondió inmediatamente la guardia con escopetas antimotines de balas de goma, resultando lesionados leves algunos de los atacantes, el Oficial Jefe ante la prensa y TV, respaldó a su personal, por cuanto éste actuó de acuerdo al protocolo de seguridad cuando se asalta el cuartel.

Carabineros, en cambio, no solo son atacados individualmente sino que también les atacan los cuarteles y Comisarías en las poblaciones, con piedras y disparos, le destrozan los vidrios, les causan cuantiosas pérdidas materiales que nadie paga mientras ellos permanecen al interior de las Comisarías esperando que el peligro pase. El mundo al revés.

¿Qué hacer ante este dantesco panorama? Muy simple, aplicar la legislación vigente, en efecto existen numerosos cuerpos legales que permiten controlar la situación. Veamos los principales:

1) El delito de Maltrato  a Carabinero de Servicio: Este ilícito, contemplado en el artículo 416 del Código de Justicia Militar, como sabemos mediante la última reforma que retiró desde la judicatura castrense a los civiles y menores de edad, pasó a conocimiento de las Fiscalías del Ministerio Público y desde allí a los juzgados de Garantía, ajustándose al Código Procesal Penal. Pero se mantiene la facultad de Carabineros de detener por flagrancia comunicando ello a la autoridad civil, por cuanto este delito contempla penas PRIVATIVAS DE LIBERTAD, al igual que en todos los países desarrollados.

En efecto, la penalidad es la siguiente: presidio mayor en su grado medio a muerte, si le causare la muerte al policía, presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio si le causare lesiones graves, presidio menor en su grado mínimo a medio si le causare lesiones menos graves y presidio menor en su grado mínimo o multa de 20 sueldos vitales si no le causaren lesiones o estas fueran leves. Es decir, todos los numerales contemplan presidio para los infractores.

¿Qué ocurre en la realidad?: los jueces de garantía, muchas veces actúan contra norma expresa; buscan el mínimo resquicio legal para declarar ilegal detención o no decretar prisión preventiva y en algunos casos graves, ni siquiera medidas cautelares. Ejemplos por desgracia sobran: el encapuchado que lanzó una molotov a un Carabinero en el paseo Bulnes fue dejado en libertad por prueba insuficiente, el que agredió causando lesiones oculares graves a un Carabinero en el Cementerio General el día de la marcha de los DD.HH., en libertad por pruebas insuficientes… la Corte hubo de revocarla; 4 manifestantes pasaron al tribunal por porte de peligrosas bombas molotov, todos fueron dejados en libertad, ni siquiera con medidas cautelares…

Todo lo anterior bajo el amparo del sacrosanto principio de independencia del Poder Judicial. Creo francamente que los jueces deben revisar su criterio en este aspecto.

2) Ley de Seguridad del Estado, Número 12.926: También de elevada penalidad, persigue criminalmente conductas como las siguientes: incitación, promoción, fomento,  de hecho o por cualquier medio: destruir, inutilizar, paralizar, interrumpir o dañar instalaciones medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública, el libre acceso a puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes o impedir el acceso y toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública. En su Título III, se describe una amplia gama de delitos “Contra el Orden Público” y el Título IV se refiere a “Delitos contra la normalidad de las actividades nacionales”. Esta normativa faculta incluso al Presidente a declarar el Estado de Emergencia, designando a una autoridad militar para que se haga cargo de la zona amagada. De los hechos conocen las Fiscalías del Ministerio Público y los Jueces de Garantía. Las penas son todas privativas de libertad. Contempla penas de 10 años hasta presidio perpetuo en el caso de muerte de una persona

¿Por qué no se aplica? Porque la denuncia o requerimiento debe presentarla el Ministerio del Interior, trasladándose así la responsabilidad al Ejecutivo de asumir el costo político de aplicar esta ley. Y eso al parecer nadie está dispuesto a asumir.

3) Ley de Control de Armas, Número 17.798: Reprime severamente el uso de armamento, elaborando una detallada lista de lo que se entiende por armas. Entre ellas, armas largas, de puño, de fantasía, bombas molotov, entre otras. El uso de armas por parte de los particulares está muy restringido y se requiere  un permiso especial otorgado por la autoridad competente. En la práctica nos encontramos que los manifestantes “pacíficos” portan todo tipo de elementos que caen bajo la sanción de la presente ley. Por ejemplo se penaliza “explosivos, bombas y otros artefactos de similar naturaleza”, se agregan artefactos incendiarios y hasta juegos artificiales. Se refiere también esta ley a las armas de fabricación artesanal (escopetas hechizas, cañón recortado, etc.). Todos los tipos penales descritos tienen penas privativas de libertad, así por ejemplo el porte de arma sin permiso tiene una pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo. También, su artículo 8 penaliza drásticamente a los que “organizaren, pertenecieren, financiaren, dotaren, instruyeren, incitaren o indujeren a la creación y funcionamiento de milicias privadas, grupos de combate o partidas militarmente organizadas, armadas con elementos indicados y prohibidos por el artículo 3 de esta ley”. Díganme si anarquistas, okupas, antisistémicos, delincuentes, encapuchados, subversivos, descolgados, etc. convocados por redes sociales, no se parece a esto.

Hoy conocen de estos hechos, las Fiscalías del Ministerio Público y los Jueces de Garantía de acuerdo al Código Procesal Penal. Ha habido laxitud en su invocación. Se ha sido permisivo.

4) Ley Antiterrorista, Número 18.314: Se define al terrorismo: todo acto violento que tenga por objetivo amedrentar a la población y pretender doblegar la voluntad de la autoridad, para obtener un fin determinado. Muchos de los actos desplegados por los manifestantes, sin duda caen en el tipo de esta ley. A título meramente referencial, podemos mencionar los siguientes: “colocar, enviar, activar, detonar, disparar bombas, artefactos explosivos, o incendiarios de CUALQUIER TIPO, armas, artificios de gran poder destructivo o de efectos tóxicos, corrosivos o infecciosos”; también se señala: “atentado contra la vida o integridad corporal del Jefe de Estado o de otra autoridad judicial, militar, POLICIAL, religiosa o de personas internacionalmente protegidas en razón de sus cargos”. Contempla también esta normativa castigos para la “asociación ilícita destinada a provocar actos terroristas”.

Esta ley aplica penas del Código Penal pero aumentadas en 1, 2 o 3 grados según sea el caso, lo que se traduce en sanciones mucho más severas, con penas privativas de libertad. Conocen las Fiscalías del Ministerio Público y los Jueces de Garantía. Puede haber denuncia o querella particular, también del Ministerio del Interior, Intendentes, Gobernadores, incluso el Comandante de la Guarnición respectiva. Tampoco se aplica este cuerpo legal. Recordemos las transacciones entre el Ministerio del Interior, con Monseñor Ezzati de por medio, con los con los activistas de la CAM, después de la huelga de un mes por parte de estos (todos con viajes al territorio de las FARC colombianas), se retiraron los cargos en virtud de esta ley. El resultado lo conocemos, la CAM ha continuado con su actividad subversiva en la zona, la Araucanía se ha convertido en un lejano “far west” o tierra de nadie, donde la CAM hace lo que quiere, nadie hace nada, ninguna autoridad ha hecho los requerimientos a que por esta ley está incluso obligada. El Estado de Derecho allá francamente no existe…Como el actual gobierno se ha manifestado públicamente contrario a aplicarla, las demás Instituciones llamadas a intervenir , se ajustan a estos dichos y al final nadie la invoca….

5) Doctrina Penal del Dolo Eventual: Plenamente vigente, esta doctrina, es absolutamente aplicable a quienes convocan a manifestaciones “a sabiendas del daño que se va a producir”. En efecto los convocantes están plenamente conscientes de los cuantiosos daños materiales que se van a ocasionar y que nadie responde (el caso de la Municipalidad de Santiago, destruida continuamente es patético), mediante este mecanismo es perfectamente posible hacer responsables a los convocantes y organizadores de estos eventos que terminan en actos vandálicos con destrozos millonarios a la propiedad pública y privada.

  1. a) La izquierda internacional ha desarrollado un interesante lenguaje sociológico tendiente a minimizar los hechos y poner a la autoridad contra la muralla. Ejemplo de estos modernos vocablos: actores sociales: son los activistas, vuelta al Estado Policial: cuando se trata de poner orden, somos criminalizados: cuando son acusados de hechos constitutivos de delitos, así le restan importancia al hecho (era poquita cosa el asunto, casi un chiste, un montaje), son delitos políticos: con eso encuentran justificación incluso a hechos de sangre (homicidio del Senador Jaime Guzmán, por ejemplo). Hay que tener esto en cuenta.
  1. b) El ex Presidente Piñera envió al Congreso un proyecto de Ley eufemísticamente llamado “Ley Antitomas”, me parece casi innecesario, por cuanto el Código Penal tiene vigente el delito de Usurpación, como protector de la propiedad. Según este, se pretende que la denuncia provenga de partes policiales para activar el sistema y así evita una vez más el Ministerio del Interior ser el requirente, para que la responsabilidad política de la medida no recaiga sobre el Ejecutivo.

El Presidente por mandato Constitucional es el garante de la conservación del orden público en el interior y de la seguridad externa de la República y por lo tanto debe asumir en forma protagónica esta atribución, aunque no le guste a los sectores ultristas. Única manera de recobrar la paz ciudadana, largamente perdida, es con Políticas de Estado y sin vacilaciones, como lo hacen las grandes potencias. De lo contrario iremos de mal en peor y el Estado de Derecho será sólo un recuerdo.

     Octubre  2014