Democracia y Corporativismo II 4

 

“…el estado no debe absorber las fuerzas vivas de lo que se llama soberanía social; es decir, de aquel conjunto de derechos y deberes que el estado no puede violar porque constituye una manifestación de derecho natural, de ese derecho que emana directamente de la persona humana y que -por este motivo- resulta claramente anterior y superior al Estado”.

Cuerpo 3En nuestro artículo anterior terminábamos refiriéndonos a lo que se conoce con el nombre de principio de subsidiaridad, porque es en él donde se inspira y fundamenta la estructura corporativa del Estado. A este principio es al que se refiere Pío XI en su encíclica QUADRAGESIMO ANNO cuando afirma lo siguiente:

“Sigue en pie en la filosofía occidental un gravísimo principio, inamovible e inmutable: así como no es lícito quitar a los individuos y traspasar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e iniciativa, así tampoco es justo, porque daña y perturba el recto orden social atribuir a una sociedad mayor y más elevada lo que las comunidades menores e inferiores pueden hacer y ofrecer por sí mismas: ya que toda la acción de la sociedad, en virtud de su propia naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero nunca absorberlos y destruirlos” (35). De acuerdo con esta tesis, el estado puede y debe descargarse –según lo recordábamos en nuestro artículo anterior- de una serie de funciones que ha venido asumiendo y sumándolas unas a otras, de manera que se ha visto impedido hasta ahora para desempeñar las que le son privativas y de las cuales no debe desprenderse si no quiere atentar contra la vida colectiva de la Nación.

FUNDAMENTO: LA PERSONA.   En efecto, todo corporativismo de tipo político –del que es puramente económico no vale la pena preocuparse, a no ser como el de etapa previa hacia el de índole política- se basa en que el estado no debe absorber las fuerzas vivas de lo que se llama soberanía social; es decir, de aquel conjunto de derechos y deberes que el estado no puede violar porque constituye una manifestación de derecho natural, de ese derecho que emana directamente de la persona humana y que -por este motivo- resulta claramente anterior y superior al Estado. No puede quitarse a los individuos para traspasar a la sociedad aquello que puede realizarse en el ámbito individual. De lo contrario, se atenta contra aquel otro principio que afirma taxativamente que la persona humana no puede ser medio para nada; porque, en virtud de su condición espiritual que la hace imagen y semejanza de Dios, se ordena directamente a ese Dios del cual es imagen y semejanza.  Así, cuando entra a formar parte de una sociedad –de modo voluntario, como ocurre, verbigracia, al hacerse accionista de una sociedad anónima, o bien de modo involuntario, como ocurre con su ingreso a una familia determinada- lo hace con el convencimiento de que, al formar parte de ella, va a salir claramente beneficiado. Y la razón es clara: es que su índole de animal ciudadano no significa, no puede significar, para él, permanecer indefinidamente en situación de minoría de edad. Cuando se es sui iuris –es decir, cuando el hombre se encuentra en plena posesión de sus derechos; o, en otras palabras todavía, cuando ya es hombre maduro, consciente y normal- debe ejecutar por sí mismo todo lo que cae dentro del marco de sus posibilidades individuales o personales, porque, de otra suerte, su facultad de determinarse a sí mismo, de decidir por sí mismo, permanecería sin poder ejercerse. A primera vista, parecería esto una perogrullada.  Pero, en tiempos como los actuales, en que vemos cómo el estado quiere erigirse en una especie de ersatzk de la Providencia divina, y hacernos entrar, a punta de forcejeos, en moldes que no están hechos a la medida humana sino a una medida puramente animal, es necesario insistir en que dos más dos son cuatro y no tres ni cinco.  Lo que el hombre puede hacer por sí solo debe, pues, hacerlo por sí solo.

LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA: Confirmando esta manera de ver las cosas, Pío XI insiste en que tampoco hay derecho de encargar a una sociedad mayor y más elevada lo que puede realizar por su cuenta una sociedad menor y subordinada a la otra. La razón también es clara. Mientras más limitada sea en su volumen demográfico una sociedad, mayores serán también las oportunidades que le ofrezcan a los asociados de intervenir en las gestiones gubernativas. Por ello, los municipios grecorromanos, así como las repúblicas medievales de la Liga Lombarda o de la Hansa, se gobernaban por el sistema que podemos denominar la democracia directa. Cuando se trata de Atenas, Esparta o Corinto, en Grecia, o bien de las repúblicas de Pisa o Génova, en la edad Media, no hay razón alguna para recurrir al método representativo. En ámbitos territoriales tan pequeños como para que se pudieran divisar sus límites desde la Acrópolis o desde la Acrocorinto, cada cual estaba posibilitada para intervenir directamente en el gobierno de la ciudad.  Por consiguiente, los procedimientos representativos se hallaban fuera de lugar. De hecho, la Antigüedad pagana nunca los conoció. Y cuando roma, sobrepasando abrumadoramente las dimensiones espaciales y demográficas que le habrían permitido seguir siendo ciudad, se convirtió en Imperio –lo cual ocurrió mucho antes de que se proclamara el régimen imperial-, los derechos políticos fueron perdiendo su eficacia. ¿Cómo iban a ir a votar a Roma los ciudadanos que vivían en Venusia, por ejemplo –en los riscos de la Apulia, cerca del tacón de la bota de la península italiana-?  Ocurrió entonces que, de entre los varios centenares de miles de ciudadanos romanos –algo así como medio millón ya en los tiempos de las luchas civiles de Mario y Sila- sólo los residentes de la propia Metrópolis lo eran de hecho; es decir, estaban en situación de ejercer su derecho de intervención en el gobierno de un Estado que todavía aparecía oficialmente como una ciudad, un municipio. Los demás, clavados como se hallaban en sus domicilios respectivos por la carencia de medios adecuados de locomoción, se limitaban a aceptar pasivamente lo que decidiera el puñado de ciudadanos domiciliados en la capital.

Para remediar este tremendo inconveniente es para lo cual se ha establecido el régimen de la representación. Ya que, por una parte, los connacionales no pueden intervenir en la gestión gubernativa y, por la otra, tienen el derecho –y, tal vez, el deber- de dejar sentir su influencia en tales ambientes, no queda más remedio que organizar la sociedad civil de tal modo que ambas condiciones queden cumplidas a la vez. De aquí ha surgido el procedimiento de la representación popular.

CONDICIONES DE LA REPRESENTACIÓN: Ahora bien, la representación no debe ser quimérica ni quedar meramente en el papel.  Debe ser práctica, real, eficaz.  Para conseguir estos objetivos, se requiere, en primer lugar, que los representantes sean verdaderamente tales. Es decir, que representen. Esta exigencia trae consigo lo que suele denominarse mandato imperativo. O sea, que el representante quede sujeto a las directivas que le impongan sus representados, de tal suerte que, en la medida en que resuelva emanciparse de ellas, dejará fulminantemente de desempeñar sus funciones representativas.  Esto cae de su peso, sin necesidad de que se redacte ningún documento para dejar constancia del hecho.  En verdad, esta modalidad de la representación popular es lo es lo único que ofrece posibilidades para que el principio de subsidiaridad no quede reducido a una pura fórmula –muy bella, si se quiere- pero desprovista de correspondencia con la realidad.

En efecto, para que el Poder político pueda conformar sus actuaciones  a este principio, es necesario delimitar cuidadosamente las diversas esferas de actividades: las del individuo, las de la familia, las del municipio, las de los gremios, y si se quiere y hay oportunidad para ello, las de las regiones. Porque, junto con el respeto que se debe profesar a todos estos consorcios integrantes de la sociedad civil, este principio implica –como su mismo nombre lo indica- la concesión de subsidios por parte del Estado. Naturalmente, la obligación subsidiaria o de subsidios por parte del estado no va a consistir únicamente –ni siquiera principalmente- en dineros o bienes materiales de cualquier especie que fueren. Los subsidios más importantes se resumen todos en el hecho de que el estado asegure el recto funcionamiento de todas las sociedades subalternas que integran la sociedad civil.  Esto es lo único fundamental e insustituible. Porque ayudar de este modo implica dejar cuidadosamente en vigor la autonomía interna de todos ellos; o, en otras palabras, reconocer que, en su existencia, no dependen del influjo estatal. Pero dicha autonomía –como bien se comprende- implica mantener incólumes las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales de todas ellas por igual. Es cierto que el principio de subsidiaridad implica que, circunstancialmente, el estado puede ejercer cierta función supletoria; pero ésta circunstancia sólo deberá mantenerse en vigor exactamente el lapso de tiempo necesario para que las aguas vuelvan a su cauce natural.  Ni un punto más. Es preciso insistir todavía en este punto.

DIFERENCIACIÓN Y SUBORDINACIÓN DE LOS CUERPOS SOCIALES: Sólo se puede brindar ayuda a algo o a alguien cuando quien presta la ayuda se distingue realmente de la persona o colectividad a quien se presta la ayuda. Así, para que la función subsidiaria del estado no sea una pura palabra de esas que se lleva el viento, tiene que mantenerse en vigor la diferencia entre el estado y los consorcios subalternos. Nótese, sin embargo, que las diferencias en cuestión no pueden reducirse al simple volumen espacial o demográfico, como si el producto diferenciador fuera de orden cuantitativo. Las diferencias a que nos referimos son de orden específico, de tal suerte que un municipio, por ejemplo, no podrá jamás constituirse en una nación, por mucho que aumente su volumen, como tampoco una familia podría jamás convertirse en municipio a pesar de crecer desmesuradamente el número de hijos…Por ello insiste Pío XI en que el poder político debe prestar ayuda a lo que se llama hoy día los cuerpos intermedios, pero nunca debe absorverlos ni destruirlos. Esto no ocurre en la organización política actual de las naciones. En ellas, todo lo que debería incluirse en el rubro de los consorcios subalternos lleva una vida que sólo es aparente, ya que, cuanto tienen de vida y funcionamiento les viene del estado. El poder político dispone de todo aquello según su absoluto beneplácito, sin miramientos de ninguna especie. Aumenta o menoscaba las atribuciones respectivas, interviene en sus gestiones gubernativas –no obstante el respiro, mucho más aparente que real, que significó en Chile, la famosa comuna autónoma– hasta el punto de disponer su existencia. Es que la democracia inorgánica basada en el sufragio universal absoluto e ilimitado –por inespecificado– no podría admitir jamás el funcionamiento de sociedades que no le deban al Estado la dosis de realidad de que disfrutan. Porque, por el camino de este tipo de sufragio, sólo se puede desembocar inevitablemente en el totalitarismo. Los hechos lo van comprobando trágicamente.

Por ello, la estructura corporativa del estado y el principio de subsidiaridad se reclaman mutuamente, hasta el punto de que no puede mantenerse en vigor  la una sin el otro y viceversa. Nos resta por destacar ahora que las esferas estatal y subordinadas deberán deslindarse en conformidad con las condiciones peculiares y concretas de cada sociedad civil. En otras palabras, que no pueden fabricarse reglamentos abstractos que lo mismo podrían servir para un caso que para otro. Aquí no pueden regir los apriorismos.  Al contrario, en cada sociedad civil deberán tomarse en cuenta sus condiciones propias de vida, la aptitud de los connacionales. De esta suerte, la estructura corporativa del estado se yergue, frente a la estructura demoliberal, como lo que se halla fundamentado en la realidad misma de las cosas versus las concepciones apriorísticas, y, además quiméricas, que están corroyendo a las naciones de nuestra civilización cristiana y occidental.

* Artículo publicado en Tizona 23, Agosto 1971.