DERECHO 3

 

DERECHO 4Siempre ha existido la convicción, en los pueblos civilizados, de que cuando se sufre un gobierno tiránico y no hay remedios menos costosos para acabar con él, es lícito derribarlo por la fuerza. Todo gobierno se justifica por el bien común que debe procurar: si se aparta de esa finalidad, y reemplaza el bien común por cualquier bien particular, pierde la legitimidad en virtud de la cual se le debía obediencia justa.

Hay muchas maneras de apartarse del bien común real de un pueblo. Es decir, hay muchas maneras por las cuales una autoridad puede perder su legitimidad de ejercicio y transformarse, de hecho, en poder tiránico. Antiguamente, cuando los pueblos eran gobernados, en general, por monarcas, la forma más común de tiranía consistía en la suplantación del bien común por el bien privado, personal, del rey, el cual sometía de este modo al pueblo a sus personales caprichos. Hoy este tipo de tiranía, por lo menos en la misma forma, prácticamente no se da. Lo cual no significa, sin embargo, que los gobiernos sean justos: de hecho, durante el último siglo ha habido en el mundo quizás más convulsiones políticas, y con efectos más cruentos, que en ninguna otra época en la historia. Lo que ha sucedido es que el modo de corromperse la autoridad política ha cambiado en la misma medida en que han cambiado las formas de gobierno. Además, se ha perdido, por parte de la sociedad de masas, la noción clara de las normas morales a las cuales debe someterse la autoridad, por lo que también se ha dejado de ejercer el derecho a ser bien gobernado, que tiene como forma extrema y perfectamente justificable el derecho a la rebelión violenta.

Siendo lo propio de la tiranía la suplantación del bien común real del pueblo por un bien particular, éste puede ser, de hecho, cualquier fin ajeno a aquél y, por consiguiente, contrario: sea el bien de una persona particular, de un grupo, de un partido, si constituye en la realidad el fin de un gobierno, éste es por esencia tiránico. Esa suplantación puede derivarse de un juicio errado y mantenido acerca de la naturaleza del bien común de una sociedad, al identificárselo, por ejemplo, con el solo bienestar material de ella, o al remitir el criterio para su determinación a la voluntad  —de uno o de muchos— y no a la razón. Siempre que se gobierna a un pueblo ignorando o despreciando su bien común efectivo, se comete violencia, pues lo que queda preterido es la misma realidad natural y concreta de ese pueblo. Esta realidad, si no está corrompida moralmente, encontrará el medio, en definitiva, para hacerse valer: si no encuentra un cauce legal para ello, terminará rebelándose de algún modo para restaurar el orden exigido por la misma verdad de las cosas.

El mayor bien común de una sociedad civil es su propia paz interna. Paz, por cierto, no sólo aparente, sino honda, asentada en la tranquilidad interior de las personas que componen tal sociedad. Paz, por consiguiente, que no puede darse sin justicia. Gobernar una nación en razón de algo ajeno al bien común real no significa quitarle absolutamente la paz, sino la paz que le es propia, la paz que es resultante sólo del orden justo. Por ello dice San Agustín que “aun los que perturban la paz de intento no odian la paz, sino que ansían cambiarla a su capricho”. Precisamente, el elemento característico y esencial de todo régimen tiránico es éste: “su voluntad no es que no haya paz, sino que la paz sea según su voluntad” (De Civitate Dei, XIX, 12).

Entre los regímenes existentes y posibles en nuestros tiempos, el que por esencia y naturaleza es tiránico, sin que pueda dejar de serlo, es el marxista-leninista. Y no porque acostumbre tener campos de concentración, porque elimine la libertad de prensa o porque no consiga el bienestar material de los ciudadanos, sino porque se fundamenta en la división sistemática, en la lucha de clases aplicada a todos los órdenes de la vida social. Es decir, porque funda simplemente en el ejercicio del poder, sin ningún límite moral y objetivo, la propia legitimidad del gobierno, dando, por lo mismo, a la lucha por el poder categoría de único medio real de acceso al mismo.

La única manera de que en un régimen marxista la lucha por el poder se apacigüe, es centralizando todo el poder en una persona, la cual difiere de los monarcas absolutos de la antigüedad por su desprecio absoluto de cualquier norma objetiva de derecho. El derecho aparente es determinado por el partido, sustento del poder:

 “La directiva del partido —dice un texto de Derecho público soviético, cuyo autor es A. Askerov (Moscú, 1948)— tiene la fuerza de una decisión práctica, tiene fuerza de ley. No por eso resulta que la directiva del partido sea una ley o un orden en el sentido jurídico. La directiva del partido no crea, por sí misma, derecho; pero define el fundamento de este derecho, la orientación, la oportunidad. Las directivas del partido no forman más que el núcleo del derecho, de la misma manera que el partido es el núcleo del poder del Estado”.

Por esto en todo régimen comunista, la condición fundamental para que una persona alcance la suma del poder es la de tener el cargo de secretario general del partido. Y, para afirmarse con seguridad en la cima, debe divinizarse ante sus súbditos, es decir, debe instaurar lo que se ha llamado el “culto a la personalidad”. Cuando esto, en un régimen comunista, no sucede, es porque nadie ha logrado aún eliminar a sus rivales en la lucha por el poder supremo, o porque el Estado en cuestión es un simple satélite de otro más poderoso, pudiendo alcanzar sus jefes a lo más el grado de gran sacerdote, pero no el de dios, como lo han alcanzado, por ejemplo, Stalin y Mao. El organizador práctico del Estado comunista, Lenin, dice:

DERECHO 5“La dictadura, en su concepción científica, no significa otra cosa sino un poder que no está limitado por nada, por ninguna ley, y se apoya directamente en la violencia… La dictadura significa, notadlo de una vez por todas, un poder ilimitado que se apoya en la fuerza y no en la ley”.

Cuando Santo Tomás de Aquino trata en la Suma Teológica de la sedición, la condena como pecado grave contra el bien común:

“La sedición se opone a la justicia y al bien común; y por ello es en su género pecado mortal, tanto más grave cuanto que el bien común, impugnado con la sedición, es mayor que el bien privado… El pecado de sedición cae primera y principalmente sobre aquellos que la procuran, los cuales pecan gravísimamente, y después sobre quienes la secundan, perturbando el bien común. En cambio, quienes defienden el bien común resistiendo a aquéllos, no se llaman sediciosos, así como tampoco se llama pendencieros a quienes se defienden”. La sedición es, pues, pecado grave por constituir un atentado contra la autoridad, que es la que debe dirigir a la sociedad hacia el bien común. Sin embargo, cuando es la misma autoridad la que se ha apartado de su función propia, suplantando el bien común por algún bien particular, la acción ejercida contra ella, siempre que sea en beneficio del bien común conculcado, ya no es sedición, por lo cual “son alabados quienes libran a la multitud del poder tiránico”: “El régimen tiránico no es justo, por no ordenarse al bien común, sino al bien particular del regente… Por tanto, la perturbación de ese régimen no tiene razón de sedición, a no ser que se perturbe tan desordenadamente, que la multitud tiranizada sufra mayor detrimento con la perturbación producida que con el régimen tiránico. Con todo, es más sedicioso el tirano que fomenta discordias y sedición en el pueblo para poder dominar de modo más completo” (Suma Teológica, II-II, q.42, a.2).

Quien se opone, por consiguiente, en forma violenta a un régimen en el que prima en forma sistemática la voluntad de unos pocos —o muchos— sobre el bien común real de la sociedad, no comete ninguna falta moral, sino que está ejerciendo el derecho inalienable de todo ciudadano a la rebelión contra el tirano, derecho que puede tener la forma, en situaciones particularmente graves, y cuando las circunstancias dan la posibilidad de triunfar sobre el régimen opresor, de un deber: el de alzarse contra él.

(Original publicado en Tizona 16, octubre de 1970).