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PROCESOS SOBRE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades (tercera edición). Adolfo Paúl Latorre

Presentación-prólogo (extracto). 5 marzo 2015

Paul 3Ponemos en manos de nuestros lectores una reimpresión de la Segunda Edición revisada y actualizada, a la que solo le fueron corregidos algunos errores formales y agregados cuatro anexos, a saber:

Anexo P:  Transcripción de los comentarios de Bernardino Bravo Lira y de Orlando Sáenz Rojas

Anexo Q: Transcripción de dos cartas de Mauricio Rojas Mullor: una abierta a Marco Enríquez-Ominami y otra al Director del diario El Mercurio de Santiago, publicada bajo el título “Idealismo y Terror”. Se transcribe, además, una columna de Javier Fuenzalida titulada “Amnesia política”.

Anexo R: Transcripción de la Declaración del Foro de Buenos Aires por la Justicia, la Concordia y la Libertad, celebrado en la ciudad de Buenos Aires los días 19 y 20 de agosto de 2014.

Anexo S:Selección de cartas al Director.

Durante el año transcurrido desde la publicación de la segunda edición el desvarío de los tribunales de justicia y la prevaricación cometida por los jueces —delito y falta moral gravísima que, sorprendentemente, parece no inquietar ni conmover a nadie—, los inicuos sometimientos a proceso y las implacables condenas a militares y carabineros, la odiosa y encarnizada persecución desatada por los abogados del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, y las flagrantes violaciones a diversas garantías y normas esenciales consagradas en nuestra Carta Fundamental —tales como los principios de legalidad y de supremacía constitucional—, se han mantenido con igual o con peor virulencia.

Los militares y carabineros procesados o condenados por supuestos delitos de violación de los derechos humanos son objeto de una persecución política en sede judicial y víctimas de crímenes jurídicos de lesa humanidad. Se pretende justificar tales aberraciones, que constituyen una verdadera subversión jurídica, mediante interpretaciones legales engañosas, artificiosas y antojadizas. Se trata de vestir con un ropaje de juridicidad a meras vías de hecho, que tienen por finalidad condenar a los militares sea como sea.

Lo antedicho nos parece gravísimo, porque si queremos mantener o perfeccionar nuestra convivencia dentro de un orden basado en la libertad, es preciso respetar los grandes principios del derecho que informan nuestra civilización cristiana occidental, los que están siendo demolidos por nuestra judicatura actual.

Entre los atentados más brutales contra el orden jurídico penal cabe destacar:

a) aquellas sentencias que no aplican la Ley de Amnistía de 1978, una ley expresa y vigente, que ha sido aplicada y que ha surtido efectos;

b) la reapertura de las causas en las que dicha ley les fue aplicada a militares y carabineros, pero no aquellas en las que los beneficiados fueron guerrilleros y terroristas; vulnerando palmariamente la garantía constitucional de igualdad ante la ley y el principio de la cosa juzgada;

c) sentencias que no aplican ni las normas legales relativas a la prescripción de la acción penal ni el beneficio temporal objetivo del artículo 103 del Código Penal —una norma de carácter imperativo, no facultativa o discrecional, denominada impropiamente “media prescripción”—;

d) las sentencias que califican hechos ocurridos hace más de cuarenta años como “delitos de lesa humanidad”, fundadas en la costumbre internacional, en supuestas normas de iuscogens, en la “conciencia jurídica universal” o en tratados internacionales no ratificados por Chile y que no se encuentran vigentes o que no se encontraban vigentes en la época en que ocurrieron los supuestos hechos delictivos; tales como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Ley 20.357 —que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra— que rigen en Chile a contar del año 2009 y que no pueden ser aplicados retroactivamente;

e) las resoluciones judiciales que se fundan en fallos espurios dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, carentes de validez y que no son vinculantes para el Estado de Chile, porque dicha Corte no tiene competencia para conocer o resolver asuntos que versan sobre hechos ocurridos antes de la fecha en que Chile ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (publicada en el Diario Oficial de 5 de enero de 1991) y porque no tiene facultades para intervenir en asuntos de jurisdicción interna de nuestro país, por cuanto según lo dispuesto en el artículo 76 de nuestra Constitución Política “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”. Por tal razón para reconocer el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, y dado que este confiere a dicha Corte jurisdicción para eventualmente conocer de conflictos ocurridos dentro del territorio de la República, fue necesaria una reforma constitucional, lo que no ocurrió en el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

f) las sentencias que, sobre los mismos falsos supuestos reseñados precedentemente, declaran que los referidos hechos son imprescriptibles; y g) las sentencias que declaran que tales hechos son inamnistiables, en circunstancias de que no existe ni ley interna ni tratado internacional alguno que prohíba dictar o aplicar leyes de amnistía —por el contrario, las recomiendan—, puesto que ello significaría prohibir perdonarse entre hermanos.

Lamentablemente en nuestra patria quiere legislarse en este último sentido; y no solo declarando inamnistiables ciertos delitos sino que, además, imprescriptibles y no sujetos a indultos “o cualquier otro beneficio alternativo, penitenciario o de cualquier naturaleza, que importe reducción o sustitución de las condenas privativas de libertad”.

Se trata de leyes verdaderamente inhumanas que escogen exacerbar el odio en lugar de optar por el perdón. En efecto, el día 10 de diciembre del año 2014 fueron ingresados a tramitación en el Congreso Nacional dos mensajes de la Presidente de la República: a) “Proyecto de ley que adecua la ley penal en materia de amnistía, indulto y prescripción de la acción penal y la pena a lo que dispone el derecho internacional respecto de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o de guerra” (boletín 9773-07); b) “Proyecto de reforma constitucional que establece que los crímenes y delitos de guerra, lesa humanidad y genocidio no puedan prescribir ni ser amnistiados” (boletín 9748-07). En este mismo sentido —de declarar inamnistiables ciertos delitos— discurre el “Proyecto de ley que declara la nulidad de derecho público del Decreto Ley Nº 2.191 de 1978, señalando efectos que indica” (boletín 4162-07), ingresado el 21 de abril de 2006; al que la presidente Bachelet, con fecha 11 de septiembre del año 2014, dispuso dar patrocinio y colocar suma urgencia.

Además de los precitados proyectos de ley, cabría hacer una especial mención al que “Prohíbe el homenaje y/o exaltación de la dictadura cívico-militar” (boletín 9746-17), ingresado al Congreso el día 25 de noviembre de 2014. Se trata de un brutal atentado a la libertad de expresión; una verdadera “ley mordaza” que tiene por objeto impedir que los jóvenes y las futuras generaciones conozcan la verdad histórica; impedir que sepan quienes, pisoteando los derechos humanos, promovían el odio y la lucha revolucionaria armada a fin de instaurar un régimen totalitario marxista en nuestra patria y que fueron los grandes responsables de conducir a Chile al desastre, a un enfrentamiento fratricida y a una situación objetiva de guerra civil cuya inminencia hizo inevitable la intervención de las Fuerzas Armadas y de Orden, con sus naturales y lamentables secuelas de dolor las que, en todo caso, fueron insignificantes en comparación con los cientos de miles de muertos que habría causado la guerra civil, como ocurrió en España.

En relación con la inicua persecución de militares y carabineros por hechos ocurridos hace más de cuarenta años, la flagrante violación de la Constitución y las leyes, y la destrucción del orden jurídico penal en sus principios más básicos que estamos presenciando, parece pertinente formularse la siguiente pregunta: ¿esta persecución obedece solo a los sentimientos de odio y de venganza de aquellos sectores de izquierda que ven en ellos a quienes les impidieron consumar su proyecto totalitario o forma parte de un plan consciente y deliberado para destruir a las Fuerzas Armadas como fuerzas al servicio de la nación y convertirlas en guardias pretorianas al servicio de los regímenes socialistas, como ha ocurrido en Venezuela, donde los militares deben gritar “Patria, Socialismo o Muerte”?

Finalizaremos este prólogo con el siguiente pensamiento: Las Fuerzas Armadas, conjuntamente con Carabineros de Chile, son instituciones que debemos cuidar por cuanto son las garantes, en última instancia, del orden institucional de la República. Ellas constituyen el último círculo jerarquizado de la sociedad capaz de salvar de su disolución a una comunidad política; la reserva moral de la nación y la instancia final a la que ésta recurre en las situaciones más extremas y cuando una crisis política amenaza su sobrevivencia. Las Fuerzas Armadas son fundamentales para una nación altiva, que tiene la firme voluntad de defender su libertad y soberanía, que es respetuosa de su historia, de su cultura y de sus tradiciones, y que desea proyectarse hacia un futuro mejor.