Gremios 3

Corte Suprema

LA CORTE SUPREMA NUEVAMENTE HA CONDENADO A UN EX UNIFORMADO A INTEGRAR LA LARGA LISTA DE “MILITARES PRISIONEROS POLÍTICOS” (MPP)

Los hechos: el 20 de abril de 2015, la Corte Suprema, condenó a un ciudadano chileno a 5 años y un día de presidio, sin beneficios, por un suceso ocurrido hace 41 años, por el solo hecho acreditado de haber trasladado a un detenido, desde un lugar determinado y haberlo entregado en otro, cumpliendo órdenes superiores. El ciudadano afectado fue acusado de haber retenido a la persona en contra de su voluntad prolongándose esa situación hasta el día de hoy (¿¿??) y la Corte le ha imputado la comisión de un delito de “lesa humanidad”.

Llama la atención estas tres consideraciones:

a.- Que la justicia,  después de 41 años, está condenando injustamente a una persona por haber cumplido una orden, que no podía desobedecer,  por el simple hecho de trasladar a una persona de un lugar a otro.

b.- Que al condenado, además de no haber realizado ninguna acción punible, se le acusa  de mantener secuestrada a esa persona desde el 5 de octubre del año 1973 a la fecha, o sea, por   41 años.

c.- Traslucir que este es un negocio en que los querellantes están recibiendo por esta injusta sentencia judicial, nada menos que la suma de $ 700.000.000 que pagaremos todos los chilenos

En el segundo proceso (causa rol 22645-2014) que condenó al ciudadano J. Osses N., la Sala Penal estuvo integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, María Eugenia Sandoval y Lamberto Cisternas.

En el aspecto civil, con el voto en contra de la ministra Sandoval, se ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar la suma total de $700.000.000 (setecientos millones) a los familiares de la víctima.

La sentencia de primera instancia fue dictada por el ministro en visita Miguel Vázquez

INIQUIDAD JUDICIAL CONTRA UN MARINO EN RETIRO DE LA ARMADA DE CHILE

(INSERTO EN “LA TERCERA” Y “EL MERCURIO” DE VALPARAÍSO, 29 DE ABRIL DE 2015):  

       La Corte Suprema de Justicia, con fecha 20 del mes en curso, rechazó el recurso de casación deducido contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la condena a cinco años y un día de presidio—de cumplimiento efectivo— a J. Osses N., un joven teniente de la Armada de Chile en la época del pronunciamiento militar, por el único hecho acreditado de haber trasladado a un detenido, cumpliendo órdenes superiores, desde el lugar en que trabajaba hasta el Ministerio de Defensa (Rol C.S. 22.645-14).

       El más alto Tribunal de la República, contrariando la verdad y el sentido común, manifiesta en su resolución que dicho oficial es autor del secuestro de una persona “que fue retenida en contra de su voluntad a partir del 5 de octubre de 1973, prolongándose esa situación hasta el día de hoy”.

      Es realmente inhumano castigar a una persona por hechos ocurridos hace más de cuarenta años. Resulta aun más inhumano si tales hechos, como los imputados al teniente Osses, no son constitutivos de delito —ni siquiera delito común, menos aun de “lesa humanidad” como lo califica la sentencia— y que, si lo fuesen, están amparados por la Ley de Amnistía y por la prescripción de la acción penal; institución jurídica que a comienzos del año 2014 le fue aplicada al presidente del Partido Comunista y actual diputado Guillermo Teillier (en la querella presentada por viudas de los escoltas asesinados durante el atentado contra el presidente Pinochet).

          La precitada sentencia constituye una iniquidad suma y una atrocidad jurídica —pues no solo atropella la Constitución Política de la República de Chile y un sinnúmero de normas legales internas, sino que, además, diversos tratados internacionales— y solo puede calificarse como un “crimen jurídico de lesa humanidad”.

          Por otra parte, dicha sentencia ordena el pago a los querellantes, por el Fisco de Chile, es decir, con el dinero de todos los chilenos, de una indemnización por daño moral de $700.000.000. Esto último confirma lo denunciado por diversos autores en el sentido de que estas querellas tienen importantes motivaciones de carácter económico.

(Firman el inserto):

Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro A.G. – Cámara de Capitanes de Navío – Centro de Coroneles de Ejército –  Círculo de Coroneles de Aviación – Círculo de Coroneles de Carabineros – Club del Suboficial Mayor Naval – Club Social del Suboficial Mayor Naval de Talcahuano – Cuerpo de Almirantes en Retiro – Cuerpo de Oficiales Superiores (R) de las FF.AA. Vª Región – Federación del Personal de las FF.AA. y de Orden y Seguridad en Retiro de la Octava Región del Bio Bío – Federación Gremial del Personal (R) de la Defensa Nacional, Fuerzas de Orden y Seguridad, Ingenieros de la Marina Mercante y Montepiadas de la Vª Región – Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional – Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional Sede Vª Región. 

LA SENTENCIA

“El día 5 de octubre de 1973, una patrulla militar al mando del teniente de la Armada Jorge Osses Novoa, concurrió al Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), organismo dependiente de las Naciones Unidas, lugar donde trabajaba Fernando Olivares Mori, exigiendo la presencia de aquel para conducirlo en calidad de detenido a las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, manifestando que era requerido en ese lugar para prestar declaraciones y que luego quedaría en libertad, para lo cual la encargada del CELADE envió a un funcionario para velar por la seguridad de Olivares Mori”. … “una vez que llegaron a las dependencias del Ministerio de Defensa, Olivares Mori fue llevado a una oficina, perdiéndose su rastro y, en los días siguientes, ante las repetidas consultas hechas respecto de su paradero por quien lo acompañó a aquellas dependencias, además de la propia CELADE, se informó, en un principio, que estaba detenido en el Estadio Nacional, sin embargo, las autoridades militares de la época negaron que se encontrara en tal calidad en alguna de las dependencias del Ministerio de Defensa o en los otros lugares que en la época se habilitaron para ello, sin que hasta el momento haya podido establecerse lo acontecido con posterioridad a su detención” … “en el Ministerio de Defensa se encontraban, en parte de sus dependencias, las oficinas de Inteligencia de la Armada de Chile, lugar en que se llevaba e interrogaba a los detenidos, disponiéndose del destino de los mismos, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta una fecha muy posterior al mes de octubre del mismo año (…) no resulta verosímil que un oficial de la Armada de Chile, partícipe en un golpe de Estado, pretenda minimizar su responsabilidad alegando ignorancia de lo que ocurría en la época en que él, precisamente, se desempeñaba en el Ministerio de Defensa Nacional, epicentro de la toma de decisiones y organización de operaciones….el condenado, aunque muy joven, era oficial de la Armada, es decir, no se trataba de un marinero haciendo su servicio militar. Se trataba de un engranaje de la institución naval… señalar que su participación se limitó a trasladar al detenido, hoy desaparecido, desde el lugar en que ese trabajaba hasta el Ministerio de Defensa, y desde ahí no haber sabido nada más de él … es una excusa inaceptable para un oficial, más aun cuando denota un desprecio absoluto por el destino de un ser humano“.

Nota del Redactor: El último párrafo de la sentencia, destacado en rojo, denota una ignorancia absoluta de cómo funcionan las instituciones armadas, amén de no considerar la situación extraordinaria que vivía el país, cuando no, discriminación y sesgo en contra del sentenciado.