Valparaíso, 7 de noviembre de 2018.

Excmo. Sr. Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique

Sr. Comandante en Jefe del Ejército, don Ricardo Martínez Menanteau

Sr. Comandante en Jefe de la Armada, don Julio Leiva Molina

Sr. Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, don Arturo Merino Núñez

Sr. General Director de Carabineros, don Hermes Soto Isla

Sr. Director General de la Policía de Investigaciones, don Héctor Espinosa Valenzuela

Presente

Distinguidos señores:

La Multigremial del Personal de las FF.AA., Carabineros y Policías en Retiro, organización que representamos, concuerda plenamente con lo manifestado por S.E. el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, en el sentido de que “ningún contexto justifica ni justificará jamás los atropellos a los derechos humanos, los que deben ser sagradamente protegidos y respetados en todo tiempo, lugar y circunstancia”.

Lamentablemente tales atropellos ocurren a diario en Chile en los juicios sustanciados contra los militares, carabineros y policías que debieron afrontar la violencia revolucionaria, en los que no les son respetados sus derechos humanos al principio de legalidad, a la presunción de inocencia, a la prescripción de la acción penal, a la cosa juzgada, al principio de favorabilidad, a la igualdad ante la ley y a un debido proceso.

Lo antedicho se debe a una torcida administración de justicia por parte de nuestros tribunales, lo que atenta gravísimamente no solo contra el Estado de Derecho, sino que contra el orden institucional de la República que los destinatarios de esta carta, como órganos del Estado que son, están llamados a garantizar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º de nuestra Carta Fundamental.

En virtud de lo anterior y estimando que la gravísima situación que estamos denunciando no puede continuar prolongándose en el tiempo, sometemos a consideración de vuestras señorías el documento que adjuntamos como Anexo A titulado “Una proposición estratégica”, elaborado por los abogados señores Gustavo Cuevas Farren y Adolfo Paúl Latorre; en el que proponen representar formal y enérgicamente a la Corte Suprema de Justicia las gravísimas infracciones constitucionales y legales que se han cometido y siguen cometiéndose en los procesos que se acostumbra llamar sobre violación de derechos humanos y requerir su inmediato término.

Complementaremos el presente escrito con algunas reflexiones.

El odio y la búsqueda de venganza no ayudan a la reconstrucción del tejido social y a lograr la necesaria unidad nacional. Son muy pocas las naciones en el mundo que, tras vivir tragedias parecidas a la nuestra, han persistido durante más de cuatro décadas en mantener vivos los odios y en hurgar obsesivamente en las heridas del pasado, obstaculizando e invalidando todo intento de acercar los espíritus en torno a la construcción del mañana.

Resulta absolutamente inaceptable que el Poder Judicial, protector por antonomasia de los derechos humanos de todos los ciudadanos, sea quien vulnere los derechos humanos de los militares. Nada puede haber más frustrante para ellos que el avasallamiento de sus derechos por parte de las instituciones llamadas a garantizarlos. Peor todavía en circunstancias de que están en su actual situación por haber servido a la nación según les fuera demandado en circunstancias trágicas para nuestra patria.

Como parte de estas reflexiones, citaremos algunas declaraciones de S.E. el Presidente de la República, que compartimos plenamente:

En Chile falta unidad y sobran divisiones, falta nobleza y sobran pequeñeces” (declaraciones con ocasión del Te Deum Ecuménico por los doscientos años del Congreso Nacional, realizado en la Catedral Metropolitana, el 3 de julio de 2011).

Nuestro gobierno va a tener una orientación de futuro, vamos a tratar de cerrar las heridas” (declaraciones durante su campaña presidencial, el 8 de noviembre de 2009, ante un millar de militares en retiro reunidos en el Círculo Español de Santiago).

El ex rector de la U. de Chile Luis Riveros manifestó: “si el gobierno de Piñera va en la línea de la unidad nacional, en pos de objetivos trascendentales para el país, creo que tendrá el apoyo de mucha gente, que no necesariamente esté marcada en el ámbito ideológico, porque creo que es lo que el país necesita y el país está esperando” (22 de diciembre de 2017).

Pensamos que contribuiría en este sentido la renovación del proyecto de ley que en aras de la paz y reconciliación entre los chilenos el senador Piñera presentó en junio de 1995; un proyecto que concedía amnistía general a los partícipes de delitos políticos, de uno y otro lado, cometidos en el período comprendido entre el 11 de marzo de 1978 y el 11 de marzo de 1990 (boletín 1622-07) y que en dos de sus párrafos decía:

«Hoy tenemos una oportunidad histórica para construir, en forma sólida y permanente, un orden político, económico y social, basado en esos acuerdos básicos que, junto con dar estabilidad, dan valor y sentido al pluralismo ideológico.

Pero para alcanzar el éxito en esta tarea, es indispensable tener verdadera paz y unidad entre los chilenos, lo que implica ser capaces de superar el pasado —no olvidándolo, lo cual además es imposible, sino aprendiendo de sus aciertos y errores—, cerrar y sanar las heridas y mirar juntos y con optimismo el futuro. Han pasado ya cinco años desde que, en forma ejemplar y con la contribución de todos, Chile reestableció su democracia. Ha llegado la hora del perdón y del reencuentro verdaderos. En este sentido, hacemos nuestras las palabras de Juan Pablo II: “Chile tiene vocación de entendimiento y no de enfrentamiento. No se puede progresar profundizando las divisiones. Es la hora del perdón y la reconciliación”».

Pensamos que podrían contribuir significativamente a la reconciliación nacional la dictación de una nueva ley de amnistía y una mirada común a nuestra historia; una mirada más objetiva, sin sesgos ideológicos y sin apasionamientos que nublan la visión y el raciocinio, de modo que podamos comprender que el otro es un compatriota y no un enemigo. En un país en el que se llegó a una polarización tan extrema, todos quienes vivimos en esa época tuvimos que optar por un bando, pero bien pudimos haber estado en el otro.

Estamos conscientes que las leyes sobre amnistía solo pueden tener origen en el Senado. Sin embargo, el Presidente de la República, actuando con liderazgo, decisión y coraje, puede promover una iniciativa tal; que contribuiría a restablecer la igualdad ante la ley —y el Estado de Derecho, que exige que la justicia sea ecuánime, que la misma ley le sea aplicada a todas las personas, cualquiera sea el asunto—, puesto que la Ley de Amnistía de 1978 solo le fue aplicada y los indultos generales o particulares solo le fueron otorgados a quienes realizaban cruentas acciones de carácter subversivo o terrorista durante la época del Gobierno militar. Al centenar de militares a los que les fue aplicada dicha Ley de Amnistía le fueron reabiertos los procesos, que dieron lugar a sentencias condenatorias, vulnerando groseramente la autoridad de cosa juzgada y la igualdad ante la ley.

Una acción tal lo haría trascender en la historia como un gran estadista y constituiría un gesto de humanidad y de grandeza que lo enaltecería; una decisión de altura con visión de futuro que contribuiría a dar pasos en la búsqueda de la reconciliación nacional.

Ningún tratado internacional prohíbe la dictación o aplicación de amnistías, como tratan de hacernos creer activistas de los derechos humanos; por el contrario, las recomiendan como una medida de apaciguamiento político y como instrumento para afianzar la paz social después que han ocurrido situaciones caóticas en los países.

A juicio de la Multigremial que representamos, es preciso dictar una ley que ponga final, de una vez por todas, a la crisis política más grande del siglo pasado, sobre la base de las mismas consideraciones que el senador Piñera indicó en la exposición de motivos del proyecto de ley que “concede amnistía general, bajo las circunstancias que indica, por los delitos que señala” (boletín 1622-07), según lo que se expone en el Anexo B.

Cuando la justicia se desvincula de toda otra virtud arriesga degenerar en suprema injusticia. La justicia concebida como venganza no es justicia. La justicia debe estar templada por la prudencia, la clemencia y la caridad. Justicia sin misericordia es crueldad.

Atentamente les saludan.

Carlos CONTRERAS Brevis                                   Alejo RIQUELME Solís

  Secretario General                                                       Presidente

ANEXOS:

A. Una proposición estratégica.

B. Proyecto de Ley de Amnistía General, sobre la base del presentado por el senador

Sebastián Piñera Echenique el 6 de junio de 1995 (boletín 1622-07).