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1.- Gobierno

Definitivamente no tiene la iniciativa y cada vez tiene menos cursos de acción para enfrentar la crisis que azota al país. Mientras más tiempo transcurra, más difícil le será enfrentar el problema.  La cancelación de la APEC y COP 25 fue una medida acertada, aunque tardía, frente a la crisis social que aparentemente estaba programada para estallar durante una o ambas reuniones. La presencia de extranjeros coordinados con chilenos en actos vandálicos no ha pasado inadvertida, por lo que es posible inferir que su participación es coincidente con las líneas directrices del Foro de San Pablo. A pesar del repudio ciudadano que han tenido los actos de violencia (con la excepción de sectores políticos bien determinados que siguen apoyándolos), estos no se detendrán, ocurriendo, quizás, no con la magnitud de lo que se ha visto hasta ahora, pero si en cuanto a su aparición esporádica y en lugares aleatorios, por lo que la precariedad de Inteligencia y el escaso apoyo del Gobierno a esas tareas no permitirá su detección oportuna y, en consecuencia, adelantarse a los hechos. No se aprecia la existencia de una visión prospectiva de la situación.

Lo anterior amerita la conformación de un Grupo de Crisis especial para enfrentar el problema o que se convoque al Consejo de Seguridad Nacional.

2. Estamento judicial

Continúa en una actitud pasiva y sin pronunciarse respecto a los incidentes ocurridos, posiblemente por su bajo prestigio ante la ciudadanía como consecuencia del acomodo “auto consensuado” de interpretaciones del Derecho en que han incurrido, avalando, incluso, la desigualdad ante la ley y discriminación de ciudadanos, que no ha pasado inadvertida y que atropella a la Justicia como valor inherente al ser humano. La politización de algunos de los integrantes de este estamento y la actual legislación garantista, no permitirá detener el accionar de individuos anarquistas y activistas profesionales, cuestionando, de paso, el accionar de la Fuerza Pública. Siguen sin darse cuenta que el caos social no respeta jerarquías ni instituciones.     

3. Estamento legislativo

Mantiene la iniciativa política a pesar de los desacuerdos entre sus integrantes e intentando sacar dividendos políticos particulares. Hay un grupo bien identificado que sigue provocando, incitando y avalando la violencia mientras que los otros, salvo contadas excepciones, no la ha condenado con fuerza. Siguen sin darse cuenta que al atacar a la Fuerza Pública y cuestionando y limitando su actuar, ellos serán los primeros en sufrir las consecuencias de la turba violenta que poco a poco se dará cuenta de la responsabilidad que les cabe como legisladores en temas de orden y seguridad pública.

Siguen sin dar prioridad a los reales problemas de la ciudadanía, enredándose en retórica y planteamientos sin importancia.

4. Partidos políticos

Han destacado por el silencio ante los desmanes que provoca una turba fuera de control. Se han hecho eco de las “manifestaciones pacíficas”, que contienen una violencia latente que por ahora no posee el desahogo civilizado al cual los partidos políticos están llamados a encauzar. Están sobrepasados por el vandalismo cuyas causas son de su directa responsabilidad.  

5. FFAA y Fuerzas de Orden y Seguridad

Se aprestan a defender a sus integrantes que han sido formalizados por incidentes durante el Estado de Excepción. No han sido eficaces en hacer ver que la autoridad del gobierno y del estamento legislativo y judicial descansa en las instituciones que por mandato Constitucional tienen la fuerza y que para restablecer el orden público se necesita de voluntad política.

6. Carabineros y PDI

Continúan intentando controlar el orden público sin contar con atribuciones efectivas en el uso de la fuerza y con organismos del gobierno y el Ministro de Justicia amenazando su eventual actuar.  Especial atención se debe tener hacer al gran desgaste físico, moral y psicológico que experimentan. Personal que ha sido herido en manifestaciones no ha tenido el debido apoyo de las autoridades de Gobierno.

7. Medios de comunicación

En general, continúan sin contribuir a apaciguar el caos social, manteniendo prioritariamente sus propios intereses. La gran mayoría de “comentaristas” no se destacan por sus conocimientos en los temas que demanda la ciudadanía. Mantienen su imprudente e irresponsable estrategia de hablar de “manifestaciones pacíficas con hechos violentos aislados”, con lo cual indirectamente validan los desmanes y daños a la propiedad pública y privada que se produce en cada manifestación.

8. Sugerencias

A S.E. el Presidente de la República.

1.- Para enfrentar la situación actual y futura, conformar un Grupo de Crisis con representantes de organismos políticos, militares, policiales, inteligencia, económico, psicosocial, comunicacional y vocería. Como alternativa, convocar al Consejo de Seguridad Nacional.

2.- Recuperar la iniciativa ante el estamento legislativo. Como una manera de dejar en evidencia a los dirigentes políticos y parlamentarios en relación a su posición ante los actos de terrorismo y vandalismo que han ocurrido, presentar, con el máximo de urgencia, un proyecto de ley que incluya sanciones drásticas a quien incite a la violencia, agreda a los integrantes de la Fuerza Pública, provoque la destrucción de bienes públicos y ejecute actos vandálicos contra la propiedad privada.

3.- Apoyar a la Fuerza Pública, disponiendo a los personeros de Gobierno y organismos de su dependencia, el no entorpecimiento de las tareas de restablecimiento del orden público.